Por orden de la Fiscalía General, desde el próximo 25 de junio, las zonas rurales de los municipios de Corinto, Toribío, Miranda y Caloto, se suspenderá el servicio de energía con el fin, según el ente investgiador, de afectar a los productores de marihuana de la zona. La Gobernación del Cauca confirmó la orden de la Fiscalía y la Compañía Energética de Occidente, que suministra el servicio en la región, deberá ejecutar la orden desde el próximo martes.

El secretario de Gobierno Cauca, Ricardo Cifuentes, señaló que con la medida se busca que “se desactiven y que se desconecten esos sitios de invernaderos donde se produce esa economía ilegal de la marihuana (...) y para esto tendría que someterse la zona a un apagón generalizado”.

En noviembre de 2018, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, puso sobre la mesa esta medida, durante una entrevista radial, también refiriendose en el caso particular de los invernaderos de marihuana en Cauca. “Si no hay energía para estos invernaderos, se acaban los cultivos hidropónicos de marihuana, y, con conocimiento de causa, las empresas de energía no pueden proveer energía de manera ilícita a esas fábricas de marihuana”, señaló Martínez Neira para Caracol Radio.

El hasta hace poco jefe del ente investigador, también planteó en ese momento el control de productos como el cemento y de la gasolina en regiones por donde el mercado del narcotráfico avanza a pasos agigantados, y con esto, disminuir la producción. Martínez Neira envió una carta con estas propuestas al presidente Iván Duque señalando que se debe controlar el combustible, a través de químicos, para disminuir su potencial en los laboratorios de cocaína.

Por último Martínez afirmó que las plantas de coca ahora producen cuatro veces más, debido a la innovación tecnológica en la que han invertido los capos en los cultivos ilegales. Por esta razón, indicó avanzar en la investigación del genoma de la planta. El punto central del exfiscal era que el Gobierno debía evitar que los criminales tuvieran acceso a los servicios públicos, además, en poner la lupa en las redes de comercialización, transporte y almacenamiento de la cocaína y la marihuana.


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