Por
orden de la Fiscalía General, desde el próximo 25 de junio, las zonas rurales
de los municipios de Corinto, Toribío, Miranda y Caloto,
se suspenderá el servicio de energía con el fin, según el ente
investgiador, de afectar a los productores de marihuana de la zona.
La Gobernación del Cauca confirmó la orden de la Fiscalía y
la Compañía Energética de Occidente, que suministra el servicio en la
región, deberá ejecutar la orden desde el próximo martes.
El
secretario de Gobierno Cauca, Ricardo Cifuentes, señaló que con la medida se
busca que “se desactiven y que se desconecten esos sitios de invernaderos donde
se produce esa economía ilegal de la marihuana (...) y para esto tendría que
someterse la zona a un apagón generalizado”.
En
noviembre de 2018, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, puso sobre
la mesa esta medida, durante una entrevista radial, también refiriendose
en el caso particular de los invernaderos de marihuana en Cauca. “Si
no hay energía para estos invernaderos, se acaban los cultivos hidropónicos de
marihuana, y, con conocimiento de causa, las empresas de energía no pueden
proveer energía de manera ilícita a esas fábricas de marihuana”, señaló
Martínez Neira para Caracol Radio.
El
hasta hace poco jefe del ente investigador, también planteó en ese
momento el control de productos como el cemento y de la
gasolina en regiones por donde el mercado del narcotráfico avanza a pasos
agigantados, y con esto, disminuir la producción. Martínez Neira envió una
carta con estas propuestas al presidente Iván Duque señalando que se debe
controlar el combustible, a través de químicos, para disminuir su potencial en
los laboratorios de cocaína.
Por
último Martínez afirmó que las plantas de coca ahora producen cuatro veces
más, debido a la innovación tecnológica en la que han invertido los capos
en los cultivos ilegales. Por esta razón, indicó avanzar en la investigación
del genoma de la planta. El punto central del exfiscal era que el Gobierno
debía evitar que los criminales tuvieran acceso a los servicios
públicos, además, en poner la lupa en las redes de comercialización, transporte
y almacenamiento de la cocaína y la marihuana.