Este pueblo indígena ubicado en la
Región Amazónica del Ecuador y cuyo hogar es el bosque, ganó el pasado 26 de
abril el fallo en el que exigían protección de su territorio frente a la
situación de extracción petrolera que amenaza no solo a su etnia sino a las
distintas formas de vida de este importante ecosistema.
Los Waorani o Huaorani son un pueblo
indígena de la Región Amazónica del Ecuador ubicado en las provincias de Napo,
Orellana y Pastaza que actualmente cuenta con cerca de 2.000 habitantes. Se
caracterizan por su cosmovisión tradicional en la que no hay distinción entre
el mundo físico y el mundo espiritual, teniendo a la selva amazónica como base
esencial de su supervivencia física y cultural. Para esta comunidad indígena el
bosque es el hogar que brinda protección contra el ataque y la esclavitud del
mundo moderno.
Es en base a este arraigo por el
territorio, la naturaleza y las distintas formas de vida, que el pueblo Waorani
presentó una demanda para exigir protección por parte del gobierno frente a la
extracción petrolera en el llamado bloque 22, en licitación por el Ministerio
de Energía e Hidrocarburo. El argumento principal en el que se basaron los
demandantes fue en la vulneración del derecho a la consulta previa, teniendo en
cuenta que en Ecuador este mecanismo de participación tiene como base el
artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
En dicho documento, que es el
referente internacional para la reivindicación de derechos de miles de pueblos indígenas, se
establece que “los Gobiernos deberán consultar a los pueblos mediante los
procedimientos apropiados frente a medidas legislativas y administrativas
susceptibles de afectarles, así como de participar libremente con los medios
adecuados y bajo el principio de buena fe».
La victoria que no solo es para los
Waorani sino para todo el mundo teniendo en cuenta la importancia de la
Amazonía, se dió el pasado 26 de abril en un tribunal de Puyo, capital de
Pastaza. Con un fallo a favor de los demandantes se reconoció la
vulneración del derecho a la consulta previa libre e informada, además de la
autodeterminación de los pueblos ante la explotación petrolera en la zona.
No obstante, aunque la Ley reconoce
la jurisdicción indígena del territorio, mantiene la potestad del Estado sobre
el subsuelo, lo que representa la continuidad de la lucha en tanto no se
garantiza la protección a largo plazo del territorio y sus ecosistemas. Cabe
mencionar que este triunfo evidencia la capacidad que tienen los pueblos
indígenas para hacer frente a las situaciones que a diario amenazan sus formas
ancestrales de vida y así mismo invitan a la reflexión sobre la normalización
que han creado los gobiernos ante este tipo de atentados a la naturaleza.