Pese
a las reiteradas alertas, la situación de seguridad para poblaciones ubicadas
en territorios colectivos chocoanos detonó la víspera de Año Nuevo. La sociedad
civil denuncia que hombres armados de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia se tomaron por lo menos cuatro comunidades. El Ejército está verificando la situación.
Nueve
horas antes de que comenzara el Año Nuevo para las comunidades de Bojayá, un acontecimiento violento
ensombreció las celebraciones. Como si revivieran su pasado más oscuro, al
menos cuatro comunidades de esta población -una de las más asediadas por la
muerte- fueron sitiadas por integrantes
del grupo criminal que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La
alerta se lanzó desde la comunidad
Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que hace presencia en la zona, y
que viene documentando la delicada situación de orden público desde hace varios
meses. El pasado 24 de diciembre, esta organización entregó al gobierno en
pleno, incluyendo Presidencia, una radiografía de lo que se ha vivido en los
últimos cuatro meses por la presión de este grupo criminal. Registran caso por
caso cómo hombres armados han violentado
y hostigado a la comunidad, incluso montando guardias de 24 horas en las que
intimidan a los pobladores de territorios colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó,
Pedeguita y Mancilla y La Larga Tumaradó.
La
denuncia incial fue elevada en la víspera de nochebuena y horas previas al
cierre del año detonó en una delicada situación de orden público, cuando
integrantes de este grupo criminal al parecer se tomaron las comunidades de Porgue,
en Bojayá. Según la información revelada por la organización civil, pobladores
que lograron huir del cerco de los criminales denunciaron que estos entregaron
reses a diversas comunidades y regalos a los niños. Luego amenazaron con
asesinar a líderes que los denunciaran.
"Líderes silenciosamente abandonan los
territorios ante el sometimiento que realizan las AGC a través de los llamados
"puntos", vestidos de civil y armas cortas. Operaciones respaldadas
en el entorno por hombres de camuflado y armas largas", describe uno
de los trinos publicados por la ONG. La Séptima División del Ejército confirmó
que se están haciendo labores de verificación en la zona.
Uno
de los capítulos más delicados de la denuncia de la ONG, consiste en que la organización criminal estaría actuando
con la anuencia de la fuerza pública, lo cual les ha permitido afirmar que
controlan el territorio en todas sus áreas rurales. "El poder de las AGC es evidente ante una inexiste o débil
institucionalidad que ampara o está cooptada en casi todos los niveles a través
de una estrategia armada de tipo paramilitar que asegura negocios",
dice la denuncia.
Además
de Bojayá, la presión del grupo armado se extendería a Necoclí, Turbo,
Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién,
Riosucio, Frontino y Urrá. En la comunicación enviada a todas las entidades del
Estado, incluida Presidencia, la ONG resume que la presión del grupo armado va
en cuatro frentes: control socioterritorial, despojo de tierras, amenaza sobre líderes
de restitución de tierras y connivencia entre militares y el grupo criminal en
el Bajo Atrato y Antioquia.
Uno
de los hechos más antiguos registrado en el largo listado documentado por la
sociedad civil, ocurrió el 29 de septiembre cuando miembros del grupo criminal
se aparecieron en la mitad de una celebración comunitaria en la Zona
Humanitaria Las Camelias, Territorio Colectivo de Curbaradó. "A esa hora
la comunidad sostenía una reunión con organismos internacionales.
Posteriormente, líderes comunitarios y observadores de derechos humanos y de
paz enfrentaron a los dos AGC hasta que los sacaron del lugar
humanitario", dice la comunicación.
Publicado por SEMANA