Pese a las reiteradas alertas, la situación de seguridad para poblaciones ubicadas en territorios colectivos chocoanos detonó la víspera de Año Nuevo. La sociedad civil denuncia que hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se tomaron por lo menos cuatro comunidades. El Ejército está verificando la situación.

Nueve horas antes de que comenzara el Año Nuevo para las comunidades de Bojayá, un acontecimiento violento ensombreció las celebraciones. Como si revivieran su pasado más oscuro, al menos cuatro comunidades de esta población -una de las más asediadas por la muerte- fueron sitiadas por integrantes del grupo criminal que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La alerta se lanzó desde la comunidad Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que hace presencia en la zona, y que viene documentando la delicada situación de orden público desde hace varios meses. El pasado 24 de diciembre, esta organización entregó al gobierno en pleno, incluyendo Presidencia, una radiografía de lo que se ha vivido en los últimos cuatro meses por la presión de este grupo criminal. Registran caso por caso cómo hombres armados han  violentado y hostigado a la comunidad, incluso montando guardias de 24 horas en las que intimidan a los pobladores de territorios colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla y La Larga Tumaradó.



La denuncia incial fue elevada en la víspera de nochebuena y horas previas al cierre del año detonó en una delicada situación de orden público, cuando integrantes de este grupo criminal al parecer se tomaron las comunidades de Porgue, en Bojayá. Según la información revelada por la organización civil, pobladores que lograron huir del cerco de los criminales denunciaron que estos entregaron reses a diversas comunidades y regalos a los niños. Luego amenazaron con asesinar a líderes que los denunciaran.

"Líderes silenciosamente abandonan los territorios ante el sometimiento que realizan las AGC a través de los llamados "puntos", vestidos de civil y armas cortas. Operaciones respaldadas en el entorno por hombres de camuflado y armas largas", describe uno de los trinos publicados por la ONG. La Séptima División del Ejército confirmó que se están haciendo labores de verificación en la zona.

Uno de los capítulos más delicados de la denuncia de la ONG, consiste en que la organización criminal estaría actuando con la anuencia de la fuerza pública, lo cual les ha permitido afirmar que controlan el territorio en todas sus áreas rurales. "El poder de las AGC es evidente ante una inexiste o débil institucionalidad que ampara o está cooptada en casi todos los niveles a través de una estrategia armada de tipo paramilitar que asegura negocios", dice la denuncia.

Además de Bojayá, la presión del grupo armado se extendería a Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, Frontino y Urrá. En la comunicación enviada a todas las entidades del Estado, incluida Presidencia, la ONG resume que la presión del grupo armado va en cuatro frentes: control socioterritorial, despojo de tierras, amenaza sobre líderes de restitución de tierras y connivencia entre militares y el grupo criminal en el Bajo Atrato y Antioquia.

Uno de los hechos más antiguos registrado en el largo listado documentado por la sociedad civil, ocurrió el 29 de septiembre cuando miembros del grupo criminal se aparecieron en la mitad de una celebración comunitaria en la Zona Humanitaria Las Camelias, Territorio Colectivo de Curbaradó. "A esa hora la comunidad sostenía una reunión con organismos internacionales. Posteriormente, líderes comunitarios y observadores de derechos humanos y de paz enfrentaron a los dos AGC hasta que los sacaron del lugar humanitario", dice la comunicación.


Publicado por SEMANA 

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