El martes pasado, el médico Francisco Ruiz López llegó a la clínica donde labora en Neiva a practicar una cirugía de vesícula, pero decidió no hacerla, pues la entidad no le suministró los elementos de protección que exigió para evitar un posible contagio con el virus de la covid-19. Por la negativa del cirujano el centro médico lo despidió.

"Cuando ingresé al quirófano pedí el tapabocas N95 y las gafas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero me ofrecieron un tapabocas que no era N95 y gafas no indicadas para este tipo de procedimientos", afirmó el cirujano egresado de la Universidad Surcolombiana de Neiva y con 30 años de experiencia.

De inmediato le comunicó al paciente que, por prevención de los dos y de los trabajadores de la clínica ante un posible contagio, decidió no hacer el procedimiento quirúrgico. Le propuso que se haría posteriormente.
Tras ello dialogó con una directiva de la clínica, quien le dijo que "si no operaba con los elementos que me suministraban, debían prescindir de mis servicios profesionales; y al día siguiente me cancelaron el contrato de trabajo".

Ruiz señaló que el tapabocas N95 viene diseñado con microfibras agrupadas especiales de protección, mientras que las gafas acertadas producen un ajuste perfecto sobre la piel para que los virus aerolizados no entren en contacto con la córnea y se origine un contagio.

Considera que en esta situación el problema no es su empleo, y afirmó que lo más delicado "es que muchas entidades del país y del mundo no suministran a su personal de salud los elementos de protección necesarios en esta crisis de contagios por la covid-19".

"Si no nos dan a los médicos, ni hablar de las enfermeras y auxiliares, y ni hablar de los estudiantes de últimos semestres de medicina que realizan prácticas, pues ellos sí que se encuentran desprotegidos", aseguró y le pidió al Gobierno una solución pronta a este problema.

Inclusive, por estos días ha habido protestas del personal de salud del Hospital Universitario de Neiva, que exige vinculación laboral ajustada a la ley, pues son vinculados mediante contratos de prestación de servicios y en condiciones salariales catalogadas por ellos como "indignantes e injustas".



FABIO ARENAS


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