El
martes pasado, el médico Francisco Ruiz
López llegó a la clínica donde labora en Neiva a practicar una cirugía de
vesícula, pero decidió no hacerla, pues la entidad no le suministró los
elementos de protección que exigió para evitar un posible contagio con el virus
de la covid-19. Por la negativa del cirujano el centro médico lo despidió.
"Cuando
ingresé al quirófano pedí el tapabocas N95 y las gafas recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud, pero me ofrecieron un tapabocas que no era
N95 y gafas no indicadas para este tipo de procedimientos", afirmó el
cirujano egresado de la Universidad Surcolombiana de Neiva y con 30 años de
experiencia.
De
inmediato le comunicó al paciente que, por prevención de los dos y de los
trabajadores de la clínica ante un posible contagio, decidió no hacer el
procedimiento quirúrgico. Le propuso que se haría posteriormente.
Tras
ello dialogó con una directiva de la clínica, quien le dijo que "si no
operaba con los elementos que me suministraban, debían prescindir de mis
servicios profesionales; y al día siguiente me cancelaron el contrato de
trabajo".
Ruiz
señaló que el tapabocas N95 viene diseñado con microfibras agrupadas especiales
de protección, mientras que las gafas acertadas producen un ajuste perfecto
sobre la piel para que los virus aerolizados no entren en contacto con la
córnea y se origine un contagio.
Considera
que en esta situación el problema no es su empleo, y afirmó que lo más delicado
"es que muchas entidades del país y del mundo no suministran a su personal
de salud los elementos de protección necesarios en esta crisis de contagios por
la covid-19".
"Si
no nos dan a los médicos, ni hablar de las enfermeras y auxiliares, y ni hablar
de los estudiantes de últimos semestres de medicina que realizan prácticas,
pues ellos sí que se encuentran desprotegidos", aseguró y le pidió al
Gobierno una solución pronta a este problema.
Inclusive,
por estos días ha habido protestas del personal de salud del Hospital
Universitario de Neiva, que exige vinculación laboral ajustada a la ley, pues
son vinculados mediante contratos de prestación de servicios y en condiciones
salariales catalogadas por ellos como "indignantes e injustas".
FABIO
ARENAS