Susana Burgos de García hasta ahora gozaba de una pensión del orden de los 21 millones de pesos mensuales, que le fue sustituida tras la muerte de su esposo, el asesinado exministro y excongresista Amaury García Burgos.
Ella es también la madre de la senadora conservadora
Nora García Burgos y la abuela del exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda.
Sin embargo, un fallo del Consejo de Estado ordenó
que esa mesada le sea reducida casi a la mitad pues encontró que hubo una
inconsistencia al momento de otorgársele un reajuste.
Esta historia comenzó en febrero de 1982, cuando al
excongresista Amaury García Burgos le fue otorgada una pensión de jubilación
por Cajanal. Esa prestación posteriormente fue asumida por el Fondo de
Pensionados del Congreso (Fonprecón) en septiembre de 1989.
García Burgos fue asesinado en marzo de 1993, razón
por la cual Fonprecón sustituyó la pensión (le empezó a pagar la mesada) a la
señora Susana Burgos en junio de 1993.
Posteriormente, la señora Susana Burgos de García
solicitó un reajuste especial, al considerar que tenía ese derecho de acuerdo
con la ley. El Fondo, en abril de 1996, ordenó el reajuste y no solo le hizo el
aumento de la mesada sino que le reconoció la suma de 42 millones por concepto
del reajuste.
Luego, le reconoció el pago de intereses de mora por
los reajustes reconocidos y pagados en los años 1992 y 1993, los cuales
ascendieron en su momento a la suma de $83 millones
Pero tras hacer una revisión minuciosa de sus
beneficiarios, Fonprecón encontró que la pensión de la señora Burgos había sido
mal liquidada y demandó su propia resolución.
La decisión fue apelada por la viuda del congresista
y el mes pasado el Consejo de Estado se pronunció. Refrendó el fallo de primera
instancia.
El tribunal señaló que el reajuste especial al que
tenía derecho era equivalente al 50 por ciento del promedio de las pensiones
percibidas por los congresistas para ese momento.
Esto en plata blanca significa que la señora Burgos
a partir del giro mensual de mayo ya no recibirá los 21 millones sino la mitad.
Los magistrados señalaron que las actuaciones de la
viuda del congresista fueron de buena fe y como tal no tendrá que devolver dinero.