La reforma
constitucional que pretende instaurar la prisión perpetua para castigar a los
violadores de niños en Colombia culminó su trámite en el Congreso de la
República, tras ser aprobada en último debate en la plenaria del Senado con 75
votos.
El acto legislativo
fue respaldado por las mayorías de la corporación y tan solo le falta ser
promulgado en el Diario Oficial para que pueda entrar en vigencia.
La nueva norma
constitucional establece que la condena de cadena perpetua podrá ser revisada a
los 25 años para evaluar la resocialización del criminal. Sin embargo, el
senador Miguel Ángel Pinto explicó que esto no significa que habrá
excarcelación.
“El país puede tener
la seguridad que la prisión perpetua no es para que los condenados puedan salir
a los 25 años; tengan la plena seguridad de que si fuera así, no estaría
respaldando este proyecto, estaría votando en contra”, señaló.
Durante la discusión,
la plenaria rechazó una proposición del senador John Milton Rodríguez, quien
proponía ampliar la revisión de la sentencia a los 40 años, argumentando que
eso obligaría un trámite de conciliación y retrasaría aún más la puesta en
marcha de la reforma.
“Yo voto que sí a
este proyecto con la condición de que en la ley estatutaria que reglamentará el
acto legislativo se garantice que estos criminales no salgan de la cárcel a los
25 años”, indicó Rodríguez.
La discusión del acto
legislativo de prisión perpetua se retrasó varias horas debido a una recusación
que fue presentada por un ciudadano, con la cual se buscaba que los senadores
se declararan impedidos. El presidente de la corporación, Lidio García,
resolvió la situación poniendo a la plenaria a votar para poder negarla.
“Yo no tengo otra
salida y esta decisión la toma el máximo órgano del Congreso de la República,
que es la honorable plenaria del Senado”, manifestó.
El senador Santiago
Valencia cuestionó duramente a quien insistió en utilizar esta “jugadita” para
paralizar el Congreso.
“Deberíamos mirar si
incluso a esta persona le cabe una denuncia penal por sabotear un poder
público, porque está saboteando un poder público, está impidiendo que el
Congreso de la República con sus mayorías tome decisiones, y si este antecedente
se aprueba, que sería gravísimo, nada impide que de aquí en adelante, cualquier
ciudadano abusando de su derecho recuse a cualquier congresista para acabar con
cualquier proyecto de ley o de acto legislativo, anulando la capacidad el
Congreso”, manifestó.
La oposición no votó
esta reforma argumentando que viola la Constitución y por eso la bancada
decidió retirarse de la sesión.
