El caso de una menor indígena que quedó embarazada tras ser violada por su padre, y a la que la justicia persiguió por perder al niño después de que no se le diese la opción del aborto terapéutico, llegó a manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Es la
primera vez en la historia de Perú que un proceso de abuso sexual contra una
niña es presentado en esta instancia, según destacó el Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que lleva la
defensa legal de Camila junto a la organización estadounidense Planned
Parenthood.
Para ello,
demandan que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla
integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar
pautas que garanticen la atención integral de las niñas en situación de
embarazo producto de violencia sexual, con un enfoque intercultural y de niñez.
Revictimizada
El caso de
Camila es emblemático porque refleja las dificultades de las niñas y
adolescentes peruanas víctimas de violación para acceder al aborto terapéutico,
única modalidad de interrupción del embarazo que no está penada en Perú y que
se aplica desde 1924 en caso de que la vida o salud de la gestante esté en
riesgo.
Según
estudios del Ministerio de Salud de Perú citados por Promsex, las niñas entre
10 y 14 años, como era el caso de Camila, tienen cuatro veces más riesgo de
morir durante el parto que una mujer adulta.
Asimismo, un
estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24% de niñas entre
9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones
alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones, lo que para
esta organización es suficiente argumento para interrumpir la gestación.
Aborto
terapéutico negado
Ninguno de
estos riesgos de continuar con la gestación le fue informado a Camila o a su
madre, mujer quechuahablante con una severa discapacidad, después de que denunciara
a su padre por las repetidas veces que la violó en su casa desde los 9 años
hasta que, con 13, quedó embarazada.
Tampoco hubo
respuesta del hospital a pesar de que la madre de la niña solicitó la
interrupción voluntaria del embarazo, pese a que esta debió haber llegado en
siete días.
El centro de
salud condicionó ese servicio a la presentación de un informe médico y de una
ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital.
A las 13
semanas de gestación, y después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida
espontánea, según narra Promsex, y ahí fue cuando comenzó la revictimización,
pues fue acusada de un aborto ilegal.