Así lo denunció el concejal del Partido Verde, Diego Cancino, quien indicó que el 4 de septiembre de 2020, en la Estación de Policía de San Mateo -Calle 30ª con carrera 6 Este Soacha- hacia las dos de la tarde, alrededor de 20 hombres, sobre todo jóvenes privados de la libertad, le prendieron fuego a una cobija en protesta por la negativa de visitas.
Ese día murió uno de los reclusos, 11 resultaron lesionados por el incendio del que salieron muy quemados y fueron falleciendo uno a uno, durante la semana siguiente, hasta llegar al número de nueve.
"Hablamos con varias mujeres, madres, hermanas, compañeras de algunos de los 9 jóvenes que fallecieron a causa de las quemaduras de 1 y 2 grado en el 90% de sus cuerpos y sus testimonios son desgarradores", contó el concejal.
Y narró: “No hicieron nada, los
dejaron morir como perros, sin ninguna empatía. Ojalá se quemen esas gonorreas,
dejen que se quemen esas ratas, les dijeron a las familias, incluidos niños
pequeños, que veían la escena con angustia afuera de la Estación”.
La madre de uno de estos jóvenes
aseguró que:
“Había más de 20 policías y ninguno
hizo nada por ayudarlos, ninguno hizo nada para que los muchachos no se
quemaran... No se les dio la gana. La policía lo que hizo fue cruzar sus manos
y dejar que el fuego se propagara. Nosotros comenzamos a romper vidrios,
quitamos las rejas, hubo familiares que entraron con extintores y apagaron el
fuego, pero ya era demasiado tarde porque los muchachos se quemaron”.
Así mismo, las familias denuncian que los jóvenes venían expresando su inconformidad debido a los tratos crueles que estaban sufriendo en su detención: “Les pegaban, los dejaban sin comer, les quitaban los implementos de aseo y a veces les votaban la comida que llevábamos”, contaron.
Sin embargo, ese día, al parecer, el
detonante fue el castigo de no dejarles recibir a sus allegados en una visita
de 10 minutos, que iniciaba a las 11:30 a.m. y que esperaron hasta más de las
2:00 p.m.
Con esto, el concejal Diego Cancino
pidió a la Procuraduría General de la Nación que inicie un proceso de
vigilancia especial en relación con las múltiples irregularidades denunciadas
por los familiares y teniendo en cuenta que estas personas se encontraban bajo
la responsabilidad, custodia y al cuidado del Estado.
“Necesitamos también que la
Fiscalía presente de manera urgente los hallazgos de la investigación que
adelanta desde hace dos meses”, indicó el concejal.
Finalmente, el concejal señaló que las
familias, denuncian que han recibido amenazas y esperan que luego de dos meses
de espera, les den una explicación de lo que pasó porque hasta la fecha nadie
ha dicho nada.