EMGESA, La multinacional encargada de operar la represa de El Quimbo, tendrá que indemnizar a los pescadores artesanales que fueron afectados tras la contaminación generada por la represa al ser puesta en funcionamiento sin retirar toda la biomasa, que generó una gran afectación a todo el gremio de pescadores de la región.
"Yo llegue a esta zona aproximadamente hace 23 años, en esa apoca cogíamos entre 70 a 120 libras de capaz diarias y hoy estamos cogiendo de una a cuatro libras, lo que es una situación complicada para nosotros porque nosotros no estamos haciendo ni los gastos para ir a trabajar, la verdad estamos en una situación complicada" indicó Gildardo Rojas, representante de los pescadores artesanales del Huila.
A consecuencia de este hecho, la Asociación Agropecuaria de Pescadores Artesanales de Yaguará instauró una demanda en contra de la multinacional, y vinculó a la misma al Ministerio de medio ambiente, Ministerio de Minas y Energía, ANLA, AUNAP, CAM, gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva; la cual prosperó, determinando la responsabilidad a Emgesa, y al Ministerio de medio ambiente, encargada en su momento de emitir la licencia ambiental para la obra.
Los demandantes, son 26 pescadores, que hacen parte de la Asociación Agropecuaria de Pescadores Artesanales de Yaguará, no obstante, el fallo, se convierte en un punto de partida para los demás pescadores de la región que se han visto afectados por la contaminación generada por la apertura prematura del embalse y la muerte de los peces en la represa.
"Los malos olores del agua son muy fuertes por la madera descompuesta y ya se registran enfermedades en algunas personas que tienen alergias en la piel y eso es muy preocupante, porque hay una contaminación tremenda que nos ha afectado en nuestra seguridad alimentaria", indicó en su momento el señor Gildardo Rojas.
El fallo emitido por el Tribunal
Administrativo condenó al Ministerio de Medio Ambiente, y a EMGESA a reconocer
y pagar de manera solidaria a la agremiación una indemnización colectiva, los
cuales suman 873,6 millones de pesos y por perjuicios morales el equivalente a
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (438,90 millones de pesos
aproximadamente).