Una niña de
13 años que era abusada sexualmente por un vecino interrumpió, de manera
voluntaria, un embarazo de 12 semanas y encendió el debate sobre la
despenalización del aborto en Venezuela, donde la Justicia encarceló a la mujer
que la ayudó y dejó libre al agresor por falta de pruebas.
El caso ha
despertado indignación en buena parte de la opinión pública que rechaza la
detención de Vanesa Rosales, la profesora y activista que facilitó el abortivo
y que estuvo tres meses tras las rejas, si bien ahora se encuentra bajo arresto
domiciliario a la espera de un juicio que podría acabar condenándola a 12 años
de cárcel.
El tema es
tan controvertido, que todavía son pocos los que se atreven a manifestarse
abiertamente, sin escudarse tras el muro de las redes sociales, donde las
reacciones más extremas no se hicieron esperar.
Pero si un
embarazo en una niña de 13 años siempre arrastra unos inconvenientes
inevitables por la inmadurez -tanto física como psicológica de la gestante-, en
Venezuela, se agravan, a consecuencia de las condiciones de vida de la mayoría
de ciudadanos, que viven en la miseria y sin visos de mejora en un futuro
cercano.
Si la menor
hubiera pertenecido a una familia con posibilidades económicas, ¿hubiera
ocurrido lo mismo? ¿Habría abortado de esta forma o se hubieran buscado otras
opciones en manos de especialistas? Y, lo que no deja de ser igual de importante:
¿hubiese existido denuncia? ¿Se habría conocido la noticia o quedaría en la
intimidad?
La niña,
cuya identidad permanece oculta, fue víctima de violación en reiteradas
ocasiones por parte de un hombre de 52 años que vivía en el mismo barrio,
ubicada en el estado andino de Mérida.
La menor
quedó embarazada y no fue hasta los tres meses de gestación que consiguió una
pastilla para interrumpir la gravidez. Allí entra en escena Rosales, una
educadora a la que la niña y su madre conocían desde hace años, el tiempo que
lleva dedicada al trabajo social en comunidades pobres de esa región.
La docente,
por solicitud de la madre de la víctima, les entregó el abortivo y este fue
ingerido, a principios de octubre, por la niña, que sufrió un sangrado propio
del caso, por lo que terminó en un hospital público, en el que le practicaron
un legrado.
La madre de
la niña, que entonces había acudido a una sede policial a denunciar la
violación, terminó detenida y acusada de asistir un aborto, aunque fue
excarcelada 22 días después.
Aún
hospitalizada, la niña fue obligada a declarar. Contó que su profesora le había
provisto el medicamento, un testimonio que sirvió para encarcelar a la
activista durante 90 días pero no para mantener tras las rejas al agresor,
quien fue detenido y puesto en libertad en menos de 48 horas, pues no se pudo
demostrar la flagrancia del delito.
Rosales es
acusada por los delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto
de una mujer con su consentimiento, una de las causales que establece la
legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo, un escenario
prohibido hasta cuando hay inviabilidad del feto o la preñez es producto de una
violación.
Las
autoridades, según información difundida por medios locales, acusan a la
activista de haber cobrado por el suministro de la pastilla y por supuestamente
poseer 600 dosis de este tipo de medicamento, una aseveración que la defensa
niega y señala como "falsa".
"Vanesa
tiene muchos años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres (...) ella nunca cobró por nada", dice a Efe Venus Faddoul,
abogada defensora de la docente, quien asegura que, según una revisión médica,
el feto "estaba condenado a morir" pues la niña "no tenía el
útero desarrollado".
La
interrupción del embarazo no se aplicó en el hospital el día que la menor fue
sometida a un chequeo médico, explica la jurista, porque las leyes prohíben
estos procedimientos y, aunque se realizan algunos de manera soterrada, la
depauperación de los nosocomios públicos y la pandemia por covid-19 jugaban en
contra de la niña.
Así,
prosigue Faddoul, la víctima, que vive en pobreza extrema, fue revictimizada al
negársele el derecho a la salud, al enfrentarse a los tabúes que hay contra el
aborto en Venezuela y al quedar en medio de un sistema judicial que
"desconoce la necesidad de la perspectiva de género" en estos casos.
Aunque
Vanesa fue detenida el 12 de octubre de 2020, no fue hasta este enero que su
caso resonó en lo más alto, con decenas de organizaciones de derechos humanos y
personalidades, algunas ligadas al Gobierno, pidiendo su inmediata
excarcelación.
Mientras
tanto, Vanesa sigue en peligro de ser condenada por ayudar a una niña a la que
vio nacer y crecer, la misma que hoy se siente culpable de haber puesto en esa
posición a su profesora. Y el agresor se mantiene prófugo, aunque con una
alerta roja de Interpol que fue emitida un mes después de haber sido
excarcelado.
Fuente: LA
FM