Coreano sancionado por minería ilegal demanda al Gobierno

 


El comerciante coreano, Jim Hoan Ju, sancionado en Colombia por minería ilegal, encontró en las entidades del Estado una verdadera ‘guaca’ para recuperar el dinero que no logró con la minería ilegal en el norte del Huila; intenta por vía judicial recuperar el complejo minero, desmantelado hace diez años.

La multimillonaria demanda fue presentada contra los ministerios de Minas y Energía; de Ambiente; Agencia Nacional de Minería; Servicio Geológico Colombiano y la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM, en su criterio, llamadas a responder por los resultados del primer operativo nacional conjunto contra la minería ilegal.

La explotación ilegal la había realizado en el predio ‘El Arrayán’, más conocido como Isla del Sol, ubicado en la vereda Llano Grande, municipio de Campoalegre.

La explotación se realizaba sin tener títulos mineros, ni permiso de autoridad competente, causando graves impactos al medio ambiente. Por estas actividades se adelantaron 13 procesos sancionatorios contra propietarios de los terrenos y otras personas que laboraban en esa actividad.

En la sanción de la CAM contra el coreano ordenó medidas de recuperación y restauración de la zona afectada y mitigar los daños ambientales ocasionados. Diez años después la medida sigue sin cumplirse.

Por ahora, la autoridad ambiental, antes que ordenar la ejecución del plan, se defiende de la demanda como las demás entidades comprometidas.

El infractor coreano, en la demanda alegó que tenía un contrato con los dueños de los predios, solicitó la nulidad de todas las medidas impuestas en el proceso sancionatorio adelantado por la CAM por daño ambiental seguido en su contra y por lo tanto reclamó una millonaria indemnización.

El demandante estimó los perjuicios en la suma de 23.756 millones de pesos, así como el levantamiento de las medidas cautelares que le prohibieron la continuidad de sus actividades; además, solicitó la devolución de la maquinaria decomisadas en la diligencia.

La demanda fue admitida el 21 de octubre de 2013 por el Consejo de Estado, pero finalmente, regresó al Huila por competencia, donde actualmente se viene tramitando.

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