Entre marzo y septiembre de 2020, el
Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país
de Chile, alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas
administrados en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su
retirada del mercado.
Sin embargo, la institución volvió a
permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana
después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables.
Más de 100 mujeres chilenas denunciaron embarazos no deseados por culpa de este
medicamento, algunas de ellas menores de edad.
Una de las mujeres embarazadas
manifiesta “Mirarme al espejo es duro, me veo la barriga y me recuerda esta
pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no”,
explica la joven, que ha tenido que pausar sus planes de estudiar en la
universidad.
Los lotes defectuosos se distribuyeron por todo el país y hay afectadas en varias regiones.
Fuentes de Salud Pública afirmaron que la institución todavía “está estudiando su posición y responsabilidad en el caso”.
Abortos interrumpidos
A estas 111 mujeres afectadas le fue
denegado el derecho al aborto puesto que esta negligencia farmacológica no
entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está
permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital
de la madre.
Pese a que en Chile el veto total
contra el aborto fue levantado en 2017, cada vez más organizaciones reclaman
que se despenalice más allá de las tres causales permitidas, algo que
actualmente está en discusión en el Parlamento.