Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país de Chile, alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administrados en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.

Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables. Más de 100 mujeres chilenas denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, algunas de ellas menores de edad.

Una de las mujeres embarazadas manifiesta “Mirarme al espejo es duro, me veo la barriga y me recuerda esta pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no”, explica la joven, que ha tenido que pausar sus planes de estudiar en la universidad.

Los lotes defectuosos se distribuyeron por todo el país y hay afectadas en varias regiones.

Fuentes de Salud Pública afirmaron que la institución todavía “está estudiando su posición y responsabilidad en el caso”.

Abortos interrumpidos

A estas 111 mujeres afectadas le fue denegado el derecho al aborto puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.

Pese a que en Chile el veto total contra el aborto fue levantado en 2017, cada vez más organizaciones reclaman que se despenalice más allá de las tres causales permitidas, algo que actualmente está en discusión en el Parlamento.

 

 

 

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