Aunque se probó que hubo prescripciones irregulares y
anulación de multas por comparendos en Pitalito, la Contraloría Departamental
archivó el proceso de responsabilidad orientado contra funcionarios que no
tenían la competencia para ejercer el cobro de esas infracciones. Pese a que se
confirmó que esa facultad estaba en cabeza de la Secretaría de Hacienda
Municipal, encargada del cobro coactivo, antes de la creación del Instituto de
Tránsito (Intrapitalito), el organismo de control, determinó que no hubo
detrimento al tesoro público.
La investigación, se
originó por graves hallazgos encontrados en el Sistema Integrado sobre Multas y
Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). La Contraloría General de la
República concluyó que entre 2003 y 2017 los municipios y departamentos dejaron
de percibir alrededor de 53.556 millones de pesos por irregularidades en el
cobro de las infracciones de tránsito. Según la auditoría en el país fueron
archivados 410.790 comparendos de los cuales el 80,81% corresponden a
anulaciones y a prescripciones irregulares. El Huila no estuvo al margen de
esos hallazgos, especialmente en seis municipios, sin incluir a Neiva. Entre
ellos figuró Pitalito. El reporte de las irregularidades fue trasladado a la
Contraloría Departamental el 28 de enero de 2014.
Los hallazgos La investigación se inició por anomalías entre
2008-2013 en los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata, Palermo, Campoalegre
y al Instituto de Transito del Huila. La auditoría encontró en estos municipios
la caducidad de numerosos comparendos por infracciones de tránsito. Además,
detectó una masiva declaratoria de prescripciones de resoluciones
sancionatorias antes del término legal. El primer reporte estimó que los
recursos dejados de percibir por negligencia de los organismos de tránsito ascendían
a 7.166 millones de pesos correspondientes a caducidades de las infracciones de
tránsito y 92.818 millones de pesos por la declaratoria de prescripciones de
resoluciones sancionatorias antes del término legal establecido.
En Pitalito, en ese periodo se detectaron irregularidades que
impidieron el recaudo de por lo menos 35,38 millones de pesos. De éstos 12,84
millones correspondían a prescripciones y 22,54 millones de pesos a
caducidades. El 12 de agosto de 2014 la Contraloría determinó un presunto
detrimento de recursos públicos concernientes en las prescripciones decretadas
por varias resoluciones expedidas durante la vigencia fiscal del 2014
correspondientes a multas por infracciones de tránsito por vencimiento
superiores a tres años, por falta de procesos oportunos en la gestión de cobro
y de elaboración del mandamiento de pago. Atendiendo las conclusiones del
equipo auditor mediante auto de fecha 29 de octubre del 2015 profirió apertura
del proceso de responsabilidad fiscal número 0277 de 2015 contra seis ex
directores de tránsito de Pitalito.
Estimó que los recursos públicos dejados de percibir por
falta de diligencia por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Pitalito puede constituir un presunto detrimento patrimonial por 35.38 millones
de pesos. Archivan investigación por anomalías en multas de tránsito en
Pitalito. Por falencias administrativas Pitalito dejó de percibir recursos por
las infracciones de tránsito.
Las prescripciones Según el Código Nacional de Tránsito la
prescripción ocurre cuando una sanción que ha sido impuesta por la violación a
las normas de tránsito no se cobra por jurisdicción coactiva dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la ocurrencia del hecho. La ejecución de
las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito estará a
cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el
hecho. Esas autoridades estarán investidas de jurisdicción coactiva para el
cobro cuando ello fuere necesario al ser la multa una obligación que deben
hacer exigible los organismos de tránsito por vía administrativa (proceso de
ejecución coactiva). La norma establece que las sanciones impuestas por
infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres años contados a
partir de la ocurrencia del hecho.
La prescripción deberá ser declarada de oficio y se
interrumpida con la notificación del mandamiento de pago las autoridades de
tránsito no podrán iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las
cuales se encuentran configurado no son puestos necesarios para declarar su
prescripción. “Las multas por estas infracciones hacen parte de los ingresos
operacionales estimados en los presupuestos anuales que son aprobados por el
consejo directivo del organismo de tránsito para cada vigencia fiscal por tanto
cuando estos no son recaudados y prescriben se convierten en recursos dejados
de percibir por el ente territorial lo que consecuentemente causa una lesión
del patrimonio público en este caso para el Instituto de Tránsito y Transporte
de Pitalito”, concluyó el equipo auditor. Por hechos similares fueron
investigados y luego absueltos los directores del Instituto de Tránsito del
Huila, Luis Iván Parra, José Hermides Quimbaya, Hernán Torres Peña, Luis
Alfredo Gómez Clavijo y Edgar Manolo Torres.
En el caso de
Pitalito, la Contraloría vinculó a los seis directores técnicos de Tránsito y
Trasportes, Sandra Carolina Bermeo, Camilo Guzmán, María Eugenia Herrera
Gutiérrez, Jorge Enrique Motta Carvajal, Oscar Marino Ordóñez y José María
Sánchez Torres. Archivan investigación por anomalías en multas de tránsito en
Pitalito 9 19 marzo, 2021 El cobro de los partes, eran competencia de la
Secretaría de Hacienda, no de tránsito.
Intrapitalito, como ente descentralizado entró en operaciones
en mayo de 2012 Camilo Guzmán fue director entre enero de 2009 y enero de 2010
y tampoco tenía la competencia para ejecutar esos cobros. “Las multas que se
generan por infracciones de tránsito son rentas cedidas a los municipios. Bajo
esa circunstancia debe establecerse que la Dirección Técnica de Tránsito y
Transporte de Pitalito para los años 2009 y 2010 no era una entidad descentralizada
sino una dependencia adscrita a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social
por cuanto sus rentas se encontraban a cargo de la Secretaría de Hacienda”,
aclaró.