Según denunciaron los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, los representantes estudiantiles al Consejo Superior sesionaron, cobraron honorarios y hasta podrían haber viciado el proceso de elección de rector, de acuerdo al Estatuto General de la Universidad; debido a que no se encontraban como estudiantes activos.

Conforme lo relata la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación, los representantes habrían perdido su condición ante este órgano colegiado, al dejar de ser estudiantes activos de la Universidad por un largo periodo de tiempo.

Y ello por cuanto el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, Acuerdo 075 de 1994 indica claramente que para ser representante de los estudiantes se requiere ser estudiante con matrícula vigente y ser elegido por los estudiantes mediante votación; cuya calidad de representación se pierde, si deja de ser un estudiante activo.

Según la denuncia, mediante Acuerdo CA Número 019 de 2020 el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, estableció el calendario de actividades Académico Administrativas para el periodo 2020-2 en las sedes Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito de la Universidad Surcolombiana, determinando el lapso para pago de los derechos de liquidación de matrícula entre el 30 de octubre y el 04 de noviembre de 2020.

Para dicha fecha, los representantes estudiantiles Humberto Perdomo, ni Camilo Forero, titular y suplente, completaron su matrícula que está compuesta de dos etapas: La financiera y la académica. Ambos estudiantes completaron la etapa financiera pero no la académica, en tanto que no iniciaron clases el 17 de noviembre de 2020 como estipulaba el Acuerdo 019 de 2020.

Tal como lo indica el articulado estudiantil, la falta de cumplimiento de los requisitos, ocasiona la pérdida del derecho a matricularse en el periodo. No obstante, a pesar de la normatividad establecida; al joven Perdomo se le había otorgado una matrícula extemporánea, para dejarlo como estudiante activo cuando ya no era válido y al joven Forero, se le permitió surtir la etapa académica, dos meses después de la fecha límite fijada para los estudiantes.

La consecuencia de estas actuaciones irregulares, es que se podría anular no solo de los efectos de las decisiones tomadas en todas las sesiones en las que participaron estando inactivos, sino también del proceso de elección de Rector, pues una de esas sesiones fue la que permitió reactivar el proceso estamentario que estaba suspendido.

De esta presunta corrupción, podría resultar comprometido el secretario del Consejo Superior, Alberto Polanía, al no advertir irregularidad; la presidente del Consejo Superior, Carolina Guzmán Ruiz; y Juan Camilo Ramírez, quien como vicerrector Administrativo autorizó el pago por concepto de honorarios a estos consejeros, por cada sesión se paga medio salario mínimo y se estima que asistieron a cerca de 8 sesiones, causando un detrimento patrimonial en la Surcolombiana.

La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, ya tienen conocimiento de estas actuaciones, a través de las denuncias que se han interpuesto.


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