Un
reclamo generalizado de pronta justicia fue el común denominador de múltiples
plantones realizados en el país, especialmente en Popayán, luego del suicidio
de la adolescente de 17 años, Allison Lizeth Salazar el jueves 13 de mayo,
donde un día antes había sido conducida por cuatro integrantes del Escuadrón
Móvil Antidisturbios Esmad a la Unidad de Reacción Inmediata URI.
El
caso fue priorizado por la Fiscalía, que envió dos fiscales a Popayán, una de
ellas experta en temas de género y con enfoque en niños, niñas y adolescentes;
así como de un equipo de Medicina Legal para recuperar la evidencia biológica
necesaria y realizar una “autopsia psicológica para determinar el contexto” en
el que ocurrieron los hechos.
Entre
tanto, la Procuraduría designó a un funcionario Delegado para llevar el
respectivo proceso disciplinario a la Fuerza Pública debido a un mensaje dejado
por la menor donde asegura que el 12 de mayo, no estaba participando en la protesta
sino que fue detenida por estar grabando y que en ese proceso habría sido
víctima de tocamientos por parte de los cuatro agentes del Esmad.
El
comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó
que los uniformados que trasladaron a la joven a la URI en Popayán fueron
identificados plenamente y que fueron apartados de sus funciones para darle
transparencia a la investigación.
Uno
de los agentes del Esmad involucrados expresó que, en el procedimiento
realizado, en medio de los choques de la manifestación, estuvo “enmarcado en la
ley”. Según dijo, para replegar a los manifestantes, hicieron una avanzada en
la que encontraron a la niña y la condujeron para identificarla plenamente.
“En
el camino, y sin ánimo de desvestirla, la ropa se le iba bajando. Yo les pedí a
los muchachos que paráramos para que ella se arreglara, y cuando paramos le
dije: “por favor, déjate llevar por las buenas porque igual te vamos a conducir;
pero ella seguía resistiéndose. Y decidimos cargarla”, dijo el uniformado.
Y
negó haber abusado de la menor. “Jamás hemos hecho eso. No tenemos la
necesidad. Nadie la manoseó, la tocó, la accedió sexualmente o se le dijeron
palabras ofensivas en términos sexuales. Todo está grabado”, concluyó.
El
padre de la joven, Luis Salazar, quien es un policía en proceso de retiró por
pensión de la institución, indicó que espera que “haya justicia en este caso
(...) Puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda”.
Aunque
en las horas de la mañana del viernes pasado se realizaron en Popayán plantones
y protestas pacíficas pidiendo que se aclare lo sucedido con la menor de edad,
en horas de la tarde la situación de orden público se complicó en la ciudad.
A
pesar que el alcalde de la ciudad, decretó toque de queda a las 6:00 pm, ello
no fue suficiente impedimento para quedaran destruidas las instalaciones de la
Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía y de Medicina Legal y otras sedes
policiales y monumentos de la ciudad.
Para
agregar a la tragedia de pérdidas humanas, un joven falleció, Sebastián
Quintero Múnera, estudiante de quinto semestre de ingeniería informática del
Colegio Mayor del Cauca.
De
acuerdo con la versión de otros manifestantes, el joven falleció luego que una
granada aturdidora impactara su cuello. Gravemente herido, fue llevado a un
centro asistencial del sur de la ciudad, pero ya no registraba signos vitales.
Ante
este suceso, los ánimos se encendieron aún más, los manifestantes terminaron
quemando las instalaciones judiciales donde fue llevada la adolescente. La
fuerza pública terminó retirándose del sitio.
"Hay
muchos cuerpos esqueletizados en la sede, en el segundo piso, son personas que
están siendo buscadas por sus familiares. Hay evidencias de casos judiciales en
esta parte de la sede. Un archivo desde 1987 con información de personas
desaparecidas, cuerpos sin identificar, casos judiciales en investigación.
Insumos y bienes múltiples construidos con años de gestión, perdidos",
denunció Judy Hernández, directora de Medicinal Legal en el Cauca
Varios
carros inmovilizados en procedimientos judiciales, y que estaban en el
parqueadero interior de la URI, terminaron en cenizas. Los archivos y otras
oficinas usadas para la judicialización de las personas terminaron en
escombros.
“La
cifra de heridos es difícil de establecer, paramédicos y enfermeros voluntarios
instalaron puntos de atención en los sectores donde se registraban los choques
con la fuerza pública para auxiliar a los pelados que resultaban heridos,
muchos de ellos por granadas aturdidoras”, relataron personas que ayudaron a
atender la situación.
El
ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar llegaron a la capital
del Cauca para anunciar las acciones que van adelantar para tomar el control de
esta zona del país, entre ellas el despeje total de la vía Panamericana, donde
comunidades campesinas e indígenas protestan, bloqueando este corredor vial.