Un reclamo generalizado de pronta justicia fue el común denominador de múltiples plantones realizados en el país, especialmente en Popayán, luego del suicidio de la adolescente de 17 años, Allison Lizeth Salazar el jueves 13 de mayo, donde un día antes había sido conducida por cuatro integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios Esmad a la Unidad de Reacción Inmediata URI.

El caso fue priorizado por la Fiscalía, que envió dos fiscales a Popayán, una de ellas experta en temas de género y con enfoque en niños, niñas y adolescentes; así como de un equipo de Medicina Legal para recuperar la evidencia biológica necesaria y realizar una “autopsia psicológica para determinar el contexto” en el que ocurrieron los hechos.

Entre tanto, la Procuraduría designó a un funcionario Delegado para llevar el respectivo proceso disciplinario a la Fuerza Pública debido a un mensaje dejado por la menor donde asegura que el 12 de mayo, no estaba participando en la protesta sino que fue detenida por estar grabando y que en ese proceso habría sido víctima de tocamientos por parte de los cuatro agentes del Esmad.

El comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó que los uniformados que trasladaron a la joven a la URI en Popayán fueron identificados plenamente y que fueron apartados de sus funciones para darle transparencia a la investigación.

Uno de los agentes del Esmad involucrados expresó que, en el procedimiento realizado, en medio de los choques de la manifestación, estuvo “enmarcado en la ley”. Según dijo, para replegar a los manifestantes, hicieron una avanzada en la que encontraron a la niña y la condujeron para identificarla plenamente.

“En el camino, y sin ánimo de desvestirla, la ropa se le iba bajando. Yo les pedí a los muchachos que paráramos para que ella se arreglara, y cuando paramos le dije: “por favor, déjate llevar por las buenas porque igual te vamos a conducir; pero ella seguía resistiéndose. Y decidimos cargarla”, dijo el uniformado.

Y negó haber abusado de la menor. “Jamás hemos hecho eso. No tenemos la necesidad. Nadie la manoseó, la tocó, la accedió sexualmente o se le dijeron palabras ofensivas en términos sexuales. Todo está grabado”, concluyó.

El padre de la joven, Luis Salazar, quien es un policía en proceso de retiró por pensión de la institución, indicó que espera que “haya justicia en este caso (...) Puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda”.

Aunque en las horas de la mañana del viernes pasado se realizaron en Popayán plantones y protestas pacíficas pidiendo que se aclare lo sucedido con la menor de edad, en horas de la tarde la situación de orden público se complicó en la ciudad.

A pesar que el alcalde de la ciudad, decretó toque de queda a las 6:00 pm, ello no fue suficiente impedimento para quedaran destruidas las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía y de Medicina Legal y otras sedes policiales y monumentos de la ciudad.

Para agregar a la tragedia de pérdidas humanas, un joven falleció, Sebastián Quintero Múnera, estudiante de quinto semestre de ingeniería informática del Colegio Mayor del Cauca.

De acuerdo con la versión de otros manifestantes, el joven falleció luego que una granada aturdidora impactara su cuello. Gravemente herido, fue llevado a un centro asistencial del sur de la ciudad, pero ya no registraba signos vitales.

Ante este suceso, los ánimos se encendieron aún más, los manifestantes terminaron quemando las instalaciones judiciales donde fue llevada la adolescente. La fuerza pública terminó retirándose del sitio.

"Hay muchos cuerpos esqueletizados en la sede, en el segundo piso, son personas que están siendo buscadas por sus familiares. Hay evidencias de casos judiciales en esta parte de la sede. Un archivo desde 1987 con información de personas desaparecidas, cuerpos sin identificar, casos judiciales en investigación. Insumos y bienes múltiples construidos con años de gestión, perdidos", denunció Judy Hernández, directora de Medicinal Legal en el Cauca

Varios carros inmovilizados en procedimientos judiciales, y que estaban en el parqueadero interior de la URI, terminaron en cenizas. Los archivos y otras oficinas usadas para la judicialización de las personas terminaron en escombros.

“La cifra de heridos es difícil de establecer, paramédicos y enfermeros voluntarios instalaron puntos de atención en los sectores donde se registraban los choques con la fuerza pública para auxiliar a los pelados que resultaban heridos, muchos de ellos por granadas aturdidoras”, relataron personas que ayudaron a atender la situación.

El ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar llegaron a la capital del Cauca para anunciar las acciones que van adelantar para tomar el control de esta zona del país, entre ellas el despeje total de la vía Panamericana, donde comunidades campesinas e indígenas protestan, bloqueando este corredor vial.

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