El
encargado de dar las conclusiones fue el presidente de la CUT, Francisco
Maltés, quien primero reiteró algunas de las peticiones que se le han venido
haciendo al Gobierno y que ahora dijo que buscarán encausar con ayuda de la
CIDH.
“Adoptar
el preacuerdo de garantías del 24 de mayo, cesar la brutalidad policial y
cumplir sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta
social”, fueron algunas de las que mencionó el dirigente sindical.
Igualmente,
señaló que se pidió crear una comisión independiente que “investigue hechos de
violencia contra quienes protestamos pacíficamente” durante el paro nacional y
“que se reglamenten los puntos del acuerdo de paz que tienen que ver con la
participación de ciudadanos en aspectos de la vida nacional”.
Ello
va en sintonía con lo dicho por el presidente de la Confederación General del
Trabajo, Percy Oyola, quien señaló en una entrevista que, “en la medida en que
no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta, no debemos arriesgar más
vidas de los jóvenes que son quienes han puesto una cuota de sangre muy
importante y desafortunada en medio de esta protesta”.
Según
afirmaron los voceros del comité, la manifestación se podría transformar
pensando en el bienestar del país y con el ánimo de buscar nuevas alternativas
para que el gobierno del presidente Iván Duque siga escuchando el clamor de
diferentes sectores que se sienten inconformes con su gestión. “El tema es
cambiar de táctica y estrategia”.
Valga
recordar que, el paro nacional se extiende en Colombia desde hace 43 días y
deja un saldo sumamente preocupante, tanto a nivel de protección de los
derechos de los colombianos, como del desempeño de la economía nacional.
En
cuanto a lo primero, son claros los informes que entregan organizaciones como
Temblores ONG, que dan cuenta de al menos 3.789 denuncias por violencia
policial, de las cuales 1.248 corresponden a violencia física, 45 a violencia
homicida, 65 por agresiones a los ojos, 25 de violencia sexual y 1.649 de
detenciones arbitrarias contra manifestantes.
Sobre lo segundo, se han conocido múltiples pronunciamientos por parte de distintas entidades, como Fedesarrollo, que asegura que el costo económico en mayo está entre los $4,8 billones y $6,1 billones, “siendo los sectores más afectados el comercio, la industria y el agro, que representan un 80 % del costo total”. En cuanto al desempleo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) aseguró que el mismo se ubicó en abril, cuando sólo hubo tres días de paro, en niveles del 15,1 por ciento, lo que representó un incremento frente al marzo inmediatamente anterior.
La
decisión se empieza a barajar en medio de tensiones entre el Comité del Paro y
el Gobierno nacional que, tras poco más de tres semanas de negociaciones, no
han podido ni si quiera cerrar el preacuerdo sobre las garantías para la
protesta pacífica, que sirve como antesala a la negociación real, entorno al
pliego de emergencia presentado por los primeros en julio del año pasado.
De
hecho, la mesa de negociaciones fue levantada unilateralmente por el comité
luego de que el Gobierno no accediera a firmar el preacuerdo y que, de acuerdo
con el consejero presidencial Emilio Archila, era sólo un borrador sobre el
cual ya se habían trabajado anotaciones y opiniones.
De
acuerdo con Oyola, sin embargo, la posibilidad no significa el final de las
manifestaciones, sino la modificación de las mismas, pues “el paro no puede
concluir. La protesta continúa, ya viene es cómo se desarrollará”. En ese
sentido, se ha hablado de reemplazar las marchas por concentraciones puntuales
y pacíficas, que permitan minimizar el costo de vidas y heridos, tanto en
términos de civiles como para miembros de la Policía.
Todo
lo anterior aplicaría, por su puesto, a las agrupaciones que siguen la pauta
del Comité del Paro. Falta ver qué sucederá con los estudiantes y otros
colectivos de jóvenes que dicen no sentirse representados por dicha organización.