El encargado de dar las conclusiones fue el presidente de la CUT, Francisco Maltés, quien primero reiteró algunas de las peticiones que se le han venido haciendo al Gobierno y que ahora dijo que buscarán encausar con ayuda de la CIDH.

“Adoptar el preacuerdo de garantías del 24 de mayo, cesar la brutalidad policial y cumplir sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social”, fueron algunas de las que mencionó el dirigente sindical.

Igualmente, señaló que se pidió crear una comisión independiente que “investigue hechos de violencia contra quienes protestamos pacíficamente” durante el paro nacional y “que se reglamenten los puntos del acuerdo de paz que tienen que ver con la participación de ciudadanos en aspectos de la vida nacional”.

Ello va en sintonía con lo dicho por el presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola, quien señaló en una entrevista que, “en la medida en que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta, no debemos arriesgar más vidas de los jóvenes que son quienes han puesto una cuota de sangre muy importante y desafortunada en medio de esta protesta”.

Según afirmaron los voceros del comité, la manifestación se podría transformar pensando en el bienestar del país y con el ánimo de buscar nuevas alternativas para que el gobierno del presidente Iván Duque siga escuchando el clamor de diferentes sectores que se sienten inconformes con su gestión. “El tema es cambiar de táctica y estrategia”.

Valga recordar que, el paro nacional se extiende en Colombia desde hace 43 días y deja un saldo sumamente preocupante, tanto a nivel de protección de los derechos de los colombianos, como del desempeño de la economía nacional.

En cuanto a lo primero, son claros los informes que entregan organizaciones como Temblores ONG, que dan cuenta de al menos 3.789 denuncias por violencia policial, de las cuales 1.248 corresponden a violencia física, 45 a violencia homicida, 65 por agresiones a los ojos, 25 de violencia sexual y 1.649 de detenciones arbitrarias contra manifestantes.

Sobre lo segundo, se han conocido múltiples pronunciamientos por parte de distintas entidades, como Fedesarrollo, que asegura que el costo económico en mayo está entre los $4,8 billones y $6,1 billones, “siendo los sectores más afectados el comercio, la industria y el agro, que representan un 80 % del costo total”. En cuanto al desempleo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) aseguró que el mismo se ubicó en abril, cuando sólo hubo tres días de paro, en niveles del 15,1 por ciento, lo que representó un incremento frente al marzo inmediatamente anterior. 

La decisión se empieza a barajar en medio de tensiones entre el Comité del Paro y el Gobierno nacional que, tras poco más de tres semanas de negociaciones, no han podido ni si quiera cerrar el preacuerdo sobre las garantías para la protesta pacífica, que sirve como antesala a la negociación real, entorno al pliego de emergencia presentado por los primeros en julio del año pasado.

De hecho, la mesa de negociaciones fue levantada unilateralmente por el comité luego de que el Gobierno no accediera a firmar el preacuerdo y que, de acuerdo con el consejero presidencial Emilio Archila, era sólo un borrador sobre el cual ya se habían trabajado anotaciones y opiniones.

De acuerdo con Oyola, sin embargo, la posibilidad no significa el final de las manifestaciones, sino la modificación de las mismas, pues “el paro no puede concluir. La protesta continúa, ya viene es cómo se desarrollará”. En ese sentido, se ha hablado de reemplazar las marchas por concentraciones puntuales y pacíficas, que permitan minimizar el costo de vidas y heridos, tanto en términos de civiles como para miembros de la Policía.

Todo lo anterior aplicaría, por su puesto, a las agrupaciones que siguen la pauta del Comité del Paro. Falta ver qué sucederá con los estudiantes y otros colectivos de jóvenes que dicen no sentirse representados por dicha organización.

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