Así lo señala un documento de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
En medio de las jornadas de paro que se vivieron en el primer
semestre del año en el país, varios monumentos fueron vandalizados. Igualmente,
múltiples estatuas ubicadas en diferentes lugares fueron tumbadas o
intervenidas.
Ahora, unos meses después, quienes cometieron esos actos
podrían acarrear graves consecuencias por haber atentado en contra del
patrimonio público. Así lo establece un documento de la Agencia Jurídica del
Estado en el que se detalla que quienes atenten contra los bienes culturales
del Estado tendrán que responder por sus actos.
Blu Radio reveló un documento que así lo establece y que será
compartido a partir de esta semana a todos los mandatarios y gobernantes
locales, para que empiecen a encontrar a los responsables de estos hechos e
individualizar los casos. Los implicados podrían tener desde multas económicas
entre los 200 y 500 salarios mínimos o hasta prisión entre 16 a 90 meses.
“El derecho a la protesta, por ejemplo, no da derecho a dañar
el patrimonio cultural, por el contrario, este es un bien que está por encima
incluso del derecho a la protesta porque es la historia, la cultura y la
tradición”, dijo Camilo Gómez, director de la Agencia, a la emisora.
El funcionario agregó que hay casos puntuales en los que
considera que se podría actuar, como por ejemplo en el de los indígenas que
tumbaron algunas de las estatuas en ciudades como Cali y Bogotá, así como
quienes pintaron grafitis en el monumento a Los Héroes en la capital.
La norma no solo aplicaría para el caso de las protestas,
sino que se trata de penalizar a cualquiera que atente contra el patrimonio
público. Por ejemplo, los responsables de la pintura a la fachada de las
murallas de Cartagena también podrían acarrear sanciones por haber afectado
este espacio.
Fuente:
Blu radio