Los combatientes no tenían libertad para expresar su orientación sexual, pues podían ser castigados.

La excombatiente ahora viste con vestidos y faldas, tiene el pelo largo y porta con orgullo la bandera LGBT+. Es una mujer trans. Una vez por fuera de las filas de las Farc, pudo hacer tranquilamente el tránsito y asumir su identidad de género, la misma que debió ocultar durante el tiempo en que formó parte de la organización.

 

Políticamente se sentía afín a las ideas que profesaban la guerrilla como sustento de su lucha armada. Su papel de combatiente la ligaba a esta causa que adoptó como propia y se convirtió en su único proyecto de vida. La realidad social de su departamento, Caquetá, uno de los más afectados por el conflicto, no le ofrecía muchas otras opciones y voluntariamente se vinculó como subversiva.

 

En su adolescencia, antes de alzarse en armas, ya era consciente que no encajaba en el concepto de hombre comúnmente aceptado. Aun así, decidió esconder esa feminidad involuntaria a la que tendía y enlistarse en el grupo. El reto fue mucho mayor estando adentro, ya que de su habilidad para disimular su orientación dependía su permanencia e, incluso, su vida.

 

Quienes se declaraban abiertamente homosexuales o con otra identidad de género diferente a hombre o mujer debían pasar por el Consejo de guerra. Allí se definía su situación dentro de la organización y los correctivos para 'enderezarlos'.

Aunque no estaba estipulado de forma textual dentro de sus políticas que las personas LGBT+ no pudieran pertenecer a las Farc, ellos asociaban la diversidad sexual con conductas de indisciplina o faltas al mantenimiento del orden y los valores.

 

"Existían unas predisposiciones y prejuicios con respecto a la homosexualidad. Por ejemplo, se asociaba con el consumo de sustancias psicoactivas, se creía que eran transmisores de enfermedades venéreas e incitaban el libertinaje sexual entre las filas. Todas, graves faltas de las normas internas del grupo armado". Así lo describe Valentina Parra, abogada e investigadora de paz de Colombia Diversa, un colectivo que vela por los derechos con enfoque de género.

 

A la par de la prohibición, también se tenían contemplados castigos. El más común era el licenciamiento, que era una especie de exilio. Eran expulsados y enviados a la casa hasta que lograran "corregir" su conducta y reintegrarse al campamento.

 

Otras medidas, señala Parra, eran mucho más severas. Se tenía la idea que la homosexualidad debía ser enmendada y los hombres que tenían comportamientos amanerados eran obligados a hacer trabajos forzosos para "masculinizarlos".

 

Algunas veces pasaba lo contrario. Los relegaban a labores asignadas a las mujeres dentro de la organización, como la cocina, enfermería o los quehaceres diarios. Tampoco podían asumir posiciones de mando, pues los relacionaban con la feminidad y automáticamente perdían el respeto y la capacidad de liderar.

Testimonios de excombatientes LGBT+, publicados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, narran que, además de la discriminación, la violencia siempre estuvo implícita como correctivo. Los abusos sexuales, físicos e incluso la muerte eran una amenaza latente para quienes tenían orientaciones diversas dentro y fuera de las filas de las Farc.

 

"Fui entendiendo que no podía darme el lujo de actuar como yo era dentro de la organización porque hubo un chico gay que fue fusilado por esto. No podía dar a conocer lo que era realmente porque iba a pasar lo mismo conmigo", afirma uno de los exintegrantes del grupo armado.

 

La investigadora de Colombia Diversa explica que siempre estuvo inmersa la idea de que los homosexuales "son seres indeseables o personas de segunda categoría que merecen ser reformados y no tienen los mismos derechos que los demás". Una serie de imaginarios que también estaban presentes en la sociedad colombiana y que se reproducían en el contexto de la guerra y en todos los grupos armados, legales e ilegales.

 

El caso de la victimización hacia civiles por su orientación de género está ligado a crímenes de lesa humanidad como el reclutamiento, el desplazamiento y la desaparición forzada. "Los pelotones llegaban a un pueblo y, con la autoridad que les daban las armas, hacían una lista con las personas no gratas, en la que incluían a homosexuales o mujeres trans, simplemente por el hecho de serlo. Los amenazaban y si no se iban, los masacraban", relata la abogada.

 

Asimismo, algunos jóvenes con tendencias afeminadas eran reclutados bajo la premisa de "volverlos hombres"; idea sobre la cual se justificó la violación de derechos, presente a lo largo del conflicto, en contra de esta población.

 

El acuerdo de paz se firmó en el 2017 y desde ese año se han reconocido a las comunidades, como las afrodescendientes o indígenas, que sufrieron a flor de piel las consecuencias de los enfrentamientos entre la guerrilla y el Estado. Sin embargo, los miembros LGBT+han sido una arista olvidada en este proceso.

 

La deuda de justicia y verdad de los crímenes hacia esta comunidad aún está sin saldar. Desde Colombia Diversa y 5 Claves, una alianza de organizaciones de mujeres, piden que se abra un macrocaso en la justicia transicional correspondiente a los delitos por condición de género u orientación sexual, que contribuya a la reparación de las víctimas de este tipo de violencia.

 

"Revelar las razones detrás de estos casos permitiría entender mejor el conflicto, porque la discriminación es y ha sido una de las causas estructurales", asegura la investigadora del colectivo.

 

Actualmente, Colombia Diversa está trabajando en conjunto con la Unidad de Búsqueda para esclarecer las desapariciones producto de estos prejuicios. Ya se han logrado identificar algunos cuerpos y relacionar sus muertes con este flagelo, según Parra, perpetrado por todos los actores, entre ellos la Fuerza Pública.

 

También están colaborando con la Comisión de la Verdad en un capítulo del informe final, en el que están puestas las esperanzas de las víctimas para establecer la sistematicidad de estos crímenes.

 

Fuente: EL TIEMPO


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