Fue negada
en la plenaria de Cámara de Representantes la proposición para eliminar el
polémico artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción por 73 votos por el no
sobre 51 votos por el sí.
Los
promotores de eliminar el artículo, encabezados por los representantes Gabriel
Santos, Germán Navas Talero, Juan Fernando Reyes Kuri, Ángela Robledo, María
José Pizarro y David Racero, entre otros, alertaron que este “mico” le daba
“dientes a la censura en Colombia”, según expresó Santos (Centro Democrático).
De qué trata
el polémico artículo 68, o el “mico” contra la libertad de prensa en Colombia
Como parte
del articulado del proyecto de ley anticorrupción que busca adoptar medidas en
materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en Colombia,
el “mico” que limita la libertad de expresión y de prensa en el país, fue
incluido de última hora en la plenaria del Senado, por iniciativa de
congresistas de la bancada de gobierno que presentaron esta proposición, al
parecer, con el visto bueno de la Procuraduría y del Gobierno nacional.
Los autores
de esta propuesta son los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana
María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo, Miriam Paredes,
quienes votaron por el “no” en Plenaria.
Al detalle,
al artículo 68 se le añadió el 221a titulado de “Injuria y calumnia contra
funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria
o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones
constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos
falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a
ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea
procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Asomedios,
FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en
rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de
gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la
prensa y los derechos democráticos en Colombia.