Este viernes la Corte Constitucional determinó que el proceso
de reconstrucción integral de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha
terminado, “y está lejos de estarlo”, por lo que es necesario adoptar varias
soluciones judiciales con el fin de garantizar el núcleo esencial de los
derechos fundamentales a la vivienda digna, salud, agua potable y saneamiento
básico del pueblo raizal.
Además, indicó el alto tribunal que se debe asegurar que la
reconstrucción de su territorio sea acorde a su identidad cultural y fortalecer
la resiliencia de las islas ante los efectos del cambio climático.
Esta decisión se dio a un respuesta de una tutela presentada
por la comunidad raizal, así las cosas, la Corte Constitucional determinó que
el gobierno de Iván Duque incumplió los compromisos que tenía con los
habitantes de Providencia y Santa Catalina en el proceso de reconstrucción de las
islas, después de los estragos dejados por el huracán Iota.
“El gobierno incumplió con los acuerdos, lo que llevó a que
se entregaran casas incompletas, sin cisternas, con graves defectos de
saneamiento básico e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo
huracán”, sostuvo la Corte.
El alto tribunal también constató que las autoridades
encargadas negaron al pueblo raizal el derecho fundamental a la consulta
previa, “lo cual derivó en una total desconexión y falta de diálogo entre el
gobierno y los habitantes de las islas”. Esto también se vio reflejado en la
construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada
Nacional que se priorizó sobre la reconstrucción de edificios centrales para la
comunidad raizal.
El pronunciamiento fue hecho al estudiar la tutela que
presentó Josefina Hiffington Archbold en representación del pueblo raizal, y lo
realizó la presidenta del alto tribunal, Cristina Pardo Schlesinger.