Los seres queridos de la joven patrullera que se habría
suicidado esta semana en Bogotá, exigen que haya una investigación rigurosa
para esclarecer el hecho.
La familia de la joven patrullera de 22 años, Ludy Marcela
Granados Arias, oriunda de Tunja (Boyacá), ya había sido advertida por la
uniformada de que al parecer había sido víctima de acoso por un superior, en la
sección en la que trabajaba antes. Además, se encontraría abrumada por otros
jefes.
Recordemos que Ludy Marcela se habría quitado la vida con su
propia arma de dotación, el pasado martes 29 de noviembre, en la sede de la
Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía en Bogotá, y según lo que
reposa en el informe preliminar del caso, aunque sus compañeros intentaron
auxiliarla, llego sin signos vitales a la Clínica Méderi.
Hoy, después de haber recibido el cuerpo de Ludy Marcela en
Medicina Legal (cuyo resultado de peritos siguen esperando), su familia afirma
que la patrullera no tenía ningún tipo de problema relacionado con depresión o
enfermedades mentales, y exigen una exhaustiva investigación, para determinar
todas las claridades alrededor de la muerte de la uniformada, pues nada encaja
para ellos, y sospechan que habría situaciones muy graves alrededor.
Yuliana Granados, hermana de Ludy Marcela, aseguró que
estarían frente a un caso de acoso laboral dentro de la institución.
“La escena del crimen está aparentemente alterada, yo creo
que están tratando de encubrir el hecho de que mi hermana no se suicidó, sino
que a mi hermana me la mataron. Y la persona que mató a mi hermana, fue un
superior de ella, estoy 100% segura, porque ella ya nos había informado de que
estaba muy preocupada porque a ella ya la habían trasladado del servicio
anterior, por acoso laboral de parte de uno de sus superiores, y allí, la tenía
muy afectada la presión a la que está siendo sometida para responder por muchas
tareas que humanamente no era capaz de cumplir con todas esas exigencias.
Muchas veces sus turnos eran excesivos, y esperamos que sobre eso la policía
también nos rinda cuentas”, puntualizó Yuliana Granados.
Se preguntó: “por qué razón, quitaron el proveedor de las
balas de la pistola con la que supuestamente mi hermana se suicidó. Quién
estuvo en el lugar del crimen, por qué cogieron el arma, por qué intervinieron
en el lugar donde la encontraron. Por qué la sacaron de esa fiscalía, y la
llevaron a un centro asistencial, si lo que tenemos en conocimiento es que ella
ya estaba muerta cuando la encontraron y entonces quien debía ingresar a hacer
actos urgentes era el personal del CTI y la SIJIN, entonces por qué no se hizo
así el procedimiento, está viciado, y tenemos muchas preguntas, muchas dudas
que nos tienen que esclarecer las autoridades competentes, y creemos y
confiamos en que la justicia determine todos los detalles de las circunscritas
reales de la muere de mi hermanita”.
Destacó que Ludy Marcela, nunca antes había manifestado
conductas de alerta: “ella no era una persona con mentalidad suicida, al
contrario, ella era una niña juiciosa, dada a su trabajo y a su familia, para
nosotros fue una terrible sorpresa, porque Marcela amaba la vida que tenía, aun
con las dificultades que su trabajo le representaban”.
Por eso, los familiares de la patrullera Granados, “exigimos
que todo lo esclarezcan para que el culpable o los culpables verdaderos salgan
a la luz pública. Los policías no pueden estar subyugados y destruidos
emocionalmente, ningún trabajador, como evidentemente destruyeron a mi
hermana”.
Mientras tanto, y como si se tratara de un rompecabezas, las
autoridades encargadas de la investigación, juntan todas las piezas para tratar
de entender qué pasó en las últimas horas de vida de Ludy Marcela, a quien
encontraron sentada en una silla con una herida de arma de fuego en su cabeza.
El caso, también ha llamado la atención sobre las cifras de
problemas de salud mental en la Fuerza Pública.
Según la Procuraduría, dentro de la Policía Nacional ya se han detectado al menos a 92.691 uniformados que padecen problemas de salud mental (de los 110.259 miembros de esa institución), y en todas las Fuerzas Públicas, 12.836 personas (de las de 641.824 que hacen parte de esas instituciones) presentan trastornos y episodios de comportamiento de salud mental, según lo reveló Diana Ojeda, procuradora delegada para el trabajo y la seguridad social de la Procuraduría General de la Nación.