La decisión de la Procuraduría se da tras estudiar una
demanda en proceso, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue
estudiada por el magistrado Luis Manuel Lasso y que evaluó acabar los costosos
viajes de Alcócer y su comitiva. Verónica Alcocer tiene un equipo de asesores
que le ha costado al Gobierno cerca de 1.000 millones de pesos. En ese equipo
hay maquillador, fotógrafo, asesora con sueldo de ministro y una mejor amiga en
nómina.
Según la demanda, los viajes de Alcócer violan el artículo
126 de la Constitución que dicta que “los servidores públicos no podrán en
ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con
las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
permanente”.
Por estos hechos, Juan Carlos Villamil, procurador 135
Judicial para asuntos administrativos de Bogotá, expidió un concepto en el que
destaca que "el señor Presidente de la República infringió la normatividad
vigente, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones
expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora de Misión
Especial a su esposa, Verónica Alcocer, persona con la cual está ligada por
matrimonio o unión permanente".