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Hombre sindicado de asesinar dos trabajadoras sexuales en Pitalito fue condenado

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Acusadas falsamente de ser informantes de la guerrilla, dos trabajadoras sexuales fueron secuestradas y luego asesinadas a sangre fría por un paramilitar, al parecer, en complicidad con un detective del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Las dos mujeres fueron raptadas por un matón a sueldo poco antes de la media noche del 4 de noviembre de 2002 en Pitalito (Huila).

Las víctimas, Pepita Urbano Jurado y Clemencia Anacona, presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza. Los cadáveres fueron encontrados en la vereda Zanjones, en la carretera Pitalito-Acevedo. Cada uno tenía dos impactos en la cabeza.
Otras dos personas fueron acribilladas esa misma noche en la vía hacia el Terminal de Transportes. Nadie dijo nada. Las autoridades tampoco aventuraron hipótesis sobre la racha de asesinatos selectivos que seguían ocurriendo.

Los crímenes fueron atribuidos luego al Bloque ‘Calima’ de las Autodefensa, que había comenzado a operar en el sur del Huila, Cauca, Valle y Putumayo.
El bloque Calima, operó desde junio de 2002 en Pitalito e Isnos/Gráfico Verdad Abierta

La verdad

Diez meses después, el 17 de septiembre de 2003, en el curso de una diligencia judicial de ampliación de indagatoria, Germán Santos, integrante del bloque Calima descorrió el oscuro velo y destapó la verdad oculta.

El desmovilizado reveló que el crimen de las dos mujeres había sido perpetrado por Harold Yesid Rodríguez Mondragón, miembro del grupo paramilitar que había llegado a la región en junio de 2002. Por lo menos 50 hombres conformaban ese destacamento militar orientado por Vicente Castaño. A partir del 2003 Castaño le entregó la zona a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, extraditado a Estados Unidos.

Según el testimonio,  la orden la había impartido, sin ninguna prueba,  el comandante del grupo paramilitar Omar Antonio Arévalo Chamorro (‘Richard’ o ‘Pablo’).

La misma versión la entregó Álvaro Martínez Delgado (‘El Indio’) en otra versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz.

Rodríguez Mondragón confesó el doble crimen. En su declaración vinculó al ex detective del DAS, John Freddy Muñoz Pedraza, quien habría señalado, sin ningún fundamento a las dos trabajadoras sexuales de ser auxiliadoras de las guerrilla.
Según su relato, el investigador adscrito a la oficina de Pitalito, no solo les indicó el lugar sino que sirvió de ‘campanero’  para evitar la presencia de la fuerza pública. El detective se desempeñó como escolta del Alcalde de Pitalito.
“Este detective, era muy allegado a José de Jesús Pérez Jiménez, (alias ‘Martín’ o ‘Sancocho’, quien era el comandante del bloque Calima de la zona sur del Huila”, reiteró la Fiscalía.
“Era de amplio conocimiento, un hecho notorio, que no requiere prueba, que en los municipios de Pitalito e Isnos hacían presencia grupos al margen de la ley, entre ellos el bloque Calima, y que este grupo contó con la colaboración del DAS”, reiteró el Fiscal Quinto Especializado de Neiva.

La confesión

Según su testimonio,  Rodríguez Mondragón contrató un taxi al azar y le pidió al conductor  que lo llevara a recoger “dos hembras”. Luego abordó a las víctimas frente al asadero “El Gran Pollo”, en el centro de Pitalito; las obligó a subir al taxi amenazándolas con una pistola y las trasladó hacia la salida al municipio de Acevedo, donde les dio muerte.

Una vez llegaron a la vereda  Zanjones, ordenó detener la marcha del automotor y las obligó a bajarse. “Una de ellas se le acercó demasiado, razón por la cual le disparó…”.
La primera mujer se negó a descender del automóvil de servicio público. Según el relato el pistolero obligó al taxista a ayudarle a sacarla. “… Una vez ella sacó la cabeza, él le disparó en dos oportunidades”. Luego repitió la escena con la otra mujer, según quedó consignado en la providencia  proferida por la Corte Suprema de Justicia.
Los cadáveres fueron dejados abandonados a un lado de la vía destapada. El criminal y el taxista retornaron a Pitalito.

Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue del Hospital San Antonio, sin ningún doliente. Solo se conocieron reportes como trabajadoras sexuales, no como milicianas.

La investigación

El 23 de noviembre de 2012, la Fiscalía le formuló cargos para sentencia anticipada al paramilitar Rodríguez Mondragón. La actuación procesal fue suspendida aplicando los beneficios de la ley de justicia y paz que creó el gobierno de Uribe para los paramilitares.
Rodríguez Mondragón, fue condenado a 17 años de prisión por el Juzgado Tercero Penal Especializado del circuito en Neiva. El confeso paramilitar fue encontrado culpable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Asimismo, fue sentenciado a pagar a la familia de cada una de las víctimas, como indemnización, 80 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir unos 47 millones de pesos.

El detective

El 7 de marzo de 2016, la Fiscalía acusó al detective John Freddy Muñoz Pedraza por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en concurso homogéneo. La acusación fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Neiva el 25 de abril de 2016.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva, mediante sentencia de 4 de octubre de 2016, lo condenó por el de homicidio agravado, en concurso homogéneo, en condición de cómplice,  a la pena principal de 19 años, 7 meses y 12 días de prisión.

Además, lo absolvió del delito de concierto para delinquir agravado, concurso homogéneo, en condición de cómplice.  La decisión fue impugnada.

El Tribunal Superior de Neiva, el  27 de enero de 2017, revocó la condena por los homicidios y absolvió al ex detective de estos delitos.

Según el condenado paramilitar Rodríguez Mondragón el ex detective Muñoz era allegado del Jefe de las autodefensas José de Jesús Pérez Jiménez (‘Sancocho’), comandante del Bloque Calima de la zona sur del Huila, al igual que del comandante Omar Antonio Arévalo Chamorro ( ‘Richard’), pues lo veía reunido con ellos.

‘Sancocho’, asesinado el 7 de junio de 2015 en Medellín fue uno de los responsables de la masacre en la región de El Naya, perpetrada en abril de 2001, en plena Semana Santa. El testimonio no fue suficiente para condenarlo, según lo explicó la Sala Penal. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Absolución

La Sala de Casación Penal inadmitió la demanda por no cumplir las exigencias mínimas.

El magistrado José Francisco Acuña Vizcaya estimó que la fiscalía no probó que el detective  perteneciera a las autodefensas o se hubiera asociado con ellas para cometer delitos. La prueba incriminatoria, en su criterio,  resultaba insuficiente para llegar a una decisión de condena.

“Además,-añadió- no se advierte que el recuento probatorio realizado por el tribunal contraríe la realidad procesal, ni que sus conclusiones sobre la ausencia de prueba para cubrir los estándares de conocimiento requeridos para condenar contraríen la racionalidad.

“Contrario a lo sostenido, lo que el proceso muestra es que la decisión absolutoria no deriva de errores de apreciación aprobatoria de los juzgadores, sino de las deficiencias investigativas del ente acusador”, precisó el magistrado Acuña Vizcaya.

Sin embargo, el detective fue relevado del cargo el 29 de abril de 2004.  El DAS declaró insubsistente su nombramiento y lo sacó de la planta global área operativa, asignado a la seccional Huila, por algunos antecedentes no esclarecidos donde resultó herido.

El retiro se produjo con fundamento en un informe de contrainteligencia interna de carácter reservado, como resultado del proceso de verificación de lealtad, según consta en la certificación aportada al proceso el 28 de agosto de 2008, expedida por el Director General de Inteligencia, Subdirector de Contrainteligencia y el Coordinador de Asuntos Especiales. Los responsables consideraron que “Muñoz Pedraza incurrió en conductas que generaron tacha de confiabilidad respecto a la confianza que le ha sido requerida”. Del taxista que ayudó en el doble crimen nada se supo.

Por RICARDO AREIZA para La Nación

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