Son cerca de 80 familias las que están a punto de ser desalojadas mediante un
derecho de petición emitido a la administración
Municipal de Pitalito por parte de la SAE la cual fue notificada el pasado 4 de febrero en aras de hacerla
efectiva.
La notificación hecha de manera
individual a cada una de las familias involucradas en este proceso, relaciona
inicialmente que la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S SAE, asumió la administración de los bienes inmuebles
incautados, con extinción de derecho de dominio o comiso urbanos y rurales, que
forman parte del fondo de rehabilitación, inversión social y la lucha contra el
crimen Organizado –FRISCO y que han sido recibidos como producto de medidas
cautelares impuestas en procesos por delitos de narcotráfico conexos o en
procesos de extinción de dominio a partir de la entrada en vigencia de la ley
1449 del 19 de julio del 2017.
En virtud de lo anterior, la
notificación en uno de sus apartes, señala que “funcionarios designados por la
SAE, han sido comisionados para a los diferentes inmuebles habitados por las
familias en el predio “La Cabaña”
los cuales han sido objeto de la respectiva extinción de dominio a favor del
estado y donde se pudo evidenciar que dicho terreno ha sido objeto de loteo por
parte de personas “inescrupulosas” para la venta de lotes para la construcción
de viviendas las cuales No cuentan con licencia de construcción por cuanto el
uso del suelo del mismo no es para vivienda; así mismo se observó que las
construcciones ilegales ya levantadas cuentan con servicios públicos de
energía, acueducto y alcantarillado.
El administrador del FRISCO tendrá la
facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes
que se encuentra bajo su administración”, dice la notificación expresa
dirigida la secretaria de planeación
Municipal de Pitalito.
La orden de desalojo es el próximo 26
de marzo, sin embargo, la comunicad afirma que se opondrán rotundamente a la
determinación.
El pasado martes funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales se
reunieron con la personería Municipal de Pitalito para pedir la presencia
durante un eventual desalojo dando cumplimiento a lo dispuesto.
La personera María Eugenia Herrera Gutiérrez en diálogo manifestó que estas
familias tienen derechos que deben ser respetados, igualmente indicó que se
deben agotar todas las instancias correspondientes antes de sacar por la fuerza
a estas familias.
La profesional y representante de la
comunidad a través de la personería Municipal, dijo que como ministerio público
propone viajar a la ciudad de Bogotá para exponer una serie de situaciones
relacionadas a un grave problemática social que se desataría en caso de un desalojo
teniendo en cuenta el gran número de familias asentadas en este lugar.
Herrera Gutiérrez llamó a la calma a
estas familias, al tiempo que alertó estar pendientes frente a la presencia de
algunos que quieren aprovechar las circunstancias para ilusionarlos, máxime
cuando estamos en un año electoral.
“yo quiero que la gente sea muy consciente de
la situación de la situación que están enfrentando y que sean conscientes en
acudir a las instituciones correctas para hacer valer sus derechos”,
dijo.