La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) exigió que los agresores de la pequeña de 13 años que fue abusada sexualmente por militares del Ejército Nacional, sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que, después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Pero que, de ninguna manera, el caso debe ser trasladado a la justicia penal militar.

El pronunciamiento se hizo a través de una rueda de prensa extraordinaria que fue transmitida por las redes sociales de la organización en la que participó Lejandrina Pastor, Consejera de mujer, familia y generación de la ONIC, y Aida Quilcue, Consejera derechos humanos de la ONIC, quienes manifestaron su rechazo y repudio ante el grave hecho que se presentó en el Resguardo Gito Dokabú - Embera Katío, en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico (Risaralda).

Los castigos que ha ejecutado la justicia indígena en contra de los antes acusados por violación sexual son netamente físicos, consisten en cepo y latigazos, aplicados por un líder frente a toda la comunidad.


A continuación, un video describe la acción:




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