La Procuraduría acusó a siete militares de abusar sexualmente y secuestrar a una menor de 12 años de la comunidad indígena Emberá, en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.

Los militares tendrán que enfrentar un juicio que podría llevar a una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de 20 años.

Para el Ministerio Publico los militares aprovecharon su rol como autoridad para acceder sexualmente a la menor de edad.

En cuanto a su responsabilidad penal, los militares aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía General de la Nación y se espera que en los próximos días se conozca la condena contra los uniformados.





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