El juez octavo especializado de Bogotá aceptó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el expatrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, Juan Camilo Lloreda, quien aceptó su responsabilidad en la muerte del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, en hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020.

El funcionario judicial condenó al exuniformado a pagar una condena de 20 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de tortura agravada y homicidio agravado y destacó la rebaja que se le otorgó por la información que suministró y que permitió que otros uniformados sean también vinculados al proceso que se adelanta por la muerte de Ordoñez.

Cabe mencionar que la Procuraduría, la Fiscalía y la representación de las víctimas estuvieron de acuerdo con la construcción del preacuerdo.

Lloreda, se comprometió a aceptar que Javier Ordóñez se encontraba en un estado de inferioridad e indefensión, al haber sido atacado mientras se encontraba en estado de alicoramiento. 

Cabe mencionar que parte del compromiso consistió en revelar la verdad, de lo que ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre de 2020 en el barrio Villa Luz de Bogotá, donde se produjo la muerte de Javier Ordóñez.

"La negociación consistió en que la Fiscalía a cambio de la aceptación de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada y con el propósito de no discutir el caso en el juicio, acordaron las partes que se tendrá en cuenta la máxima condena por el delito de homicidio, fijado en 240 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos", señaló el juez.

La construcción del preacuerdo se basó en el informe de la necropsia que realizó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre las causas de la muerte del estudiante de Derecho.

El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que Javier Ordóñez falleció como consecuencia de una fuerte golpiza mientras estuvo detenido.

Entre las graves heridas que se recibió, se encuentran contundentes golpes en la cabeza y una hemorragia por una lesión el hígado, que provocaron su deceso.

El patrullero Juan Camilo Lloreda, igualmente se comprometió a pedir perdón públicamente a la familia de Javier Ordóñez y a la Policía Nacional, por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Derecho.

Este acto de reparación se deberá realizar a través de un acto público, en el que el uniformado reconocerá que se equivocó al haber sometido, golpeado y maltratado a la víctima.

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