La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, insiste en que Colombia debe permitir la visita de la misma a la mayor brevedad y "honrar con ella su tradición como los compromisos internacionales".

La Comisión advierte que, en al menos mil de las manifestaciones que se han presentado desde el pasado 28 de abril se habrían presentados casos de "fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.

Se declara, además, en extrema preocupación por la pérdida de vidas humanas y cita tanto cifras de la Fiscalía como de la sociedad civil, que dan cuenta de entre 43 y 51 muertes.

"La Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño", manifestó la Comisión en comunicado.

Resalta también, las denuncias de por lo menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado y otro que involucró a una agente de la fuerza pública.

La Comisión habla de casi mil heridos y critica el uso de armamentos antidisturbios por parte de la policía que, dice, generan impactos indiscriminados en contra de los manifestantes, como es el caso del lanzacohetes Venom.

La CIDH rechaza, por otra parte, expresiones con las que se está estigmatizando la protesta social -especialmente en el caso de los indígenas- y se muestra consternada por la participación de civiles en actos de represión que, afirma, han empleado armas de fuego contra los manifestantes.

"En adición, la CIDH ha observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación", dice en otro aparte la CIDH.

En el comunicado la Comisión condena a su vez que algunos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes e injustificables actos de vandalismo que afectaron la propiedad privada y otros bienes del Estado. De la misma manera, resalta el fallecimiento de 2 policías y las heridas que han recibido más de mil uniformados.

"Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia", afirma el texto.

En el comunicado, la CIDH se refiere a los bloqueos de vías que han afectado la distribución de alimentos y otros insumos y el balance que debe existir entre el derecho a la protesta y la garantía de otros derechos, como el aprovisionamiento de alimentos y la salud.

La Comisión parte de la base de que el derecho a la protesta reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y que el Estado no puede ni debe catalogarlo como violenta solo porque algunos sectores decidan acudir a esta vía, ni tampoco le autoriza a disolverla mediante el uso de la fuerza.

De hecho, la CIDH sostiene que el Estado debe "tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica" y que su dispersión forzosa solo aplica "en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos".

Para la CIDH, cuando la protesta se prolonga y se presenta una perturbación de la vida cotidiana, que afecta otros derechos de la ciudadanía, el Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, pero le resalta que los manifestantes deben permitir la circulación de insumos y provisiones esenciales.

En ese sentido, condena de manera categórica que se hayan presentado ataques contra ambulancias y misiones médicas y pide concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados, como el acceso a alimentos, salud y aprovisionamiento de personal e insumos médicos que se requieren en el contexto actual de la pandemia.

De esta manera, la Comisión observa que las demandas de las protestas sociales "guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales", y reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos.

Finalmente, la CIDH vuelve a insistir en que es necesaria una visita de trabajo "para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado".

Publicidad