La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, insiste en que Colombia debe
permitir la visita de la misma a la mayor brevedad y "honrar con ella su
tradición como los compromisos internacionales".
La
Comisión advierte que, en al menos mil de las manifestaciones que se han
presentado desde el pasado 28 de abril se habrían presentados casos de
"fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales
como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.
Se
declara, además, en extrema preocupación por la pérdida de vidas humanas y cita
tanto cifras de la Fiscalía como de la sociedad civil, que dan cuenta de entre
43 y 51 muertes.
"La
Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132
personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía
General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente.
Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan
desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas
como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14
de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño", manifestó la Comisión en
comunicado.
Resalta
también, las denuncias de por lo menos 87 actos de violencia sexual cometidos
presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres
manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida
sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y
que posteriormente se habría suicidado y otro que involucró a una agente de la
fuerza pública.
La
Comisión habla de casi mil heridos y critica el uso de armamentos
antidisturbios por parte de la policía que, dice, generan impactos
indiscriminados en contra de los manifestantes, como es el caso del
lanzacohetes Venom.
La
CIDH rechaza, por otra parte, expresiones con las que se está estigmatizando la
protesta social -especialmente en el caso de los indígenas- y se muestra
consternada por la participación de civiles en actos de represión que, afirma,
han empleado armas de fuego contra los manifestantes.
"En
adición, la CIDH ha observado un clima de creciente hostilidad y violencia
hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando
agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de
medios de comunicación", dice en otro aparte la CIDH.
En
el comunicado la Comisión condena a su vez que algunos grupos de manifestantes
hayan provocado graves desmanes e injustificables actos de vandalismo que afectaron
la propiedad privada y otros bienes del Estado. De la misma manera, resalta el
fallecimiento de 2 policías y las heridas que han recibido más de mil
uniformados.
"Sobre
este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se
desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la
obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los
manifestantes que recurren a la violencia", afirma el texto.
En
el comunicado, la CIDH se refiere a los bloqueos de vías que han afectado la
distribución de alimentos y otros insumos y el balance que debe existir entre
el derecho a la protesta y la garantía de otros derechos, como el
aprovisionamiento de alimentos y la salud.
La
Comisión parte de la base de que el derecho a la protesta reviste gran
importancia para el funcionamiento de la democracia y que el Estado no puede ni
debe catalogarlo como violenta solo porque algunos sectores decidan acudir a
esta vía, ni tampoco le autoriza a disolverla mediante el uso de la fuerza.
De
hecho, la CIDH sostiene que el Estado debe "tolerar que las
manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por
ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no
privar de su esencia al derecho de reunión pacífica" y que su dispersión
forzosa solo aplica "en casos muy excepcionales, mediante una orden
expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física
de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras
medidas menos lesivas para proteger esos derechos".
Para
la CIDH, cuando la protesta se prolonga y se presenta una perturbación de la
vida cotidiana, que afecta otros derechos de la ciudadanía, el Estado debe
facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la
fuerza como último recurso, pero le resalta que los manifestantes deben
permitir la circulación de insumos y provisiones esenciales.
En
ese sentido, condena de manera categórica que se hayan presentado ataques
contra ambulancias y misiones médicas y pide concertar con los manifestantes la
creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos
involucrados, como el acceso a alimentos, salud y aprovisionamiento de personal
e insumos médicos que se requieren en el contexto actual de la pandemia.
De
esta manera, la Comisión observa que las demandas de las protestas sociales
"guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a
la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con
especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos
étnico-raciales", y reafirma que la consolidación de la paz es un
requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los
derechos humanos.
Finalmente,
la CIDH vuelve a insistir en que es necesaria una visita de trabajo "para
contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos
humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al
Estado".
