A la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue enviada una extensa denuncia en la que se acusa a miembros de la Fuerza Pública de cometer varios delitos en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril pasado.

La denuncia fue liderada por el senador Iván Cepeda, del polo Democrático, y acompañada por varias ONG, como Temblores, y organizaciones civiles, como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.

En el documento, los denunciantes piden que la CPI active su competencia para conocer estos crímenes porque, a su juicio, “el estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque”.

La denuncia, señalan sus autores, “contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Da cuenta de al menos 1595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD.HH. De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas.

También denuncian que se han registrado, por parte de organizaciones de derechos humanos, decenas de muertos y centenares de heridos. De igual forma, hacen referencia a la desaparición de personas y la situación de orden público en Cali.

“Pedimos a la Corte Penal Internacional que sea investigado este oficial, quien se ha visto implicado en una cadena de violaciones de DD. HH. El general Vargas debe ser investigado y no premiado ante una situación tan grave”, señaló el senador Cepeda.

El documento concluye con la petición de la fiscal Fatou Bensouda para que visite a Colombia y solicite información adicional sobre los hechos, mientras que exhorta a la ONU que remita el mismo informe a la CPI, con la intención de que se pida una investigación al respecto.

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