El cambio de Constitución fue una de las principales demandas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.

La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.

Así, en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una mayoría, casi del 80%, cambiar esta Constitución. Este fin de semana deberán elegir a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tiene la misión de escribir el nuevo texto constitucional.

Entre el 15 y 16 de mayo, los chilenos deberán elegir, de entre casi 1.300 candidatos, a los 155 representantes de la Convención Constituyente, que tendrá como misión redactar una nueva Constitución.

Una vez instalada la convención de constituyentes, este órgano tendrá un plazo de nueve meses, más un plazo prorrogable por tres meses adicionales, para entregar la nueva Constitución. Se espera que, a mediados de 2022, Chile tenga otro plebiscito para aprobar o rechazar la nueva carta magna. En caso de ser rechazada, permanecerá la actual Constitución.

Además de las elecciones de constituyentes, Chile también votará por alcaldes y concejales para las 346 comunas y/o municipalidades que integran el país y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a gobernadores para sus 16 regiones.

Una de las grandes preguntas que se abren con esta elección de constituyentes en Chile es si es que una respuesta eminentemente política, como es cambiar la Constitución, será capaz de resolver el fuerte descontento social que sigue manifestándose en las calles de las principales ciudades del país.

Y eso, dicen expertos, deberá ser observado de cerca por otros países de América Latina, en donde en los últimos meses ha habido protestas y manifestaciones contra los gobiernos y los sistemas políticos, como sucede ahora en Colombia.

Aunque el resultado final aún es una interrogante, expertos coinciden en que la experiencia puede servir como un importante precedente para repensar en posibles soluciones que ayuden a disminuir el descontento en el país y en toda América Latina.

Publicidad