El
cambio de Constitución fue una de las principales demandas durante las
protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.
La
actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces,
es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por
consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.
Así,
en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una mayoría, casi del 80%, cambiar
esta Constitución. Este fin de semana deberán elegir a los 155 representantes
de la Convención Constituyente que tiene la misión de escribir el nuevo texto
constitucional.
Entre
el 15 y 16 de mayo, los chilenos deberán elegir, de entre casi 1.300
candidatos, a los 155 representantes de la Convención Constituyente, que tendrá
como misión redactar una nueva Constitución.
Una
vez instalada la convención de constituyentes, este órgano tendrá un plazo de
nueve meses, más un plazo prorrogable por tres meses adicionales, para entregar
la nueva Constitución. Se espera que, a mediados de 2022, Chile tenga otro
plebiscito para aprobar o rechazar la nueva carta magna. En caso de ser
rechazada, permanecerá la actual Constitución.
Además
de las elecciones de constituyentes, Chile también votará por alcaldes y
concejales para las 346 comunas y/o municipalidades que integran el país y, por
primera vez desde el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a
gobernadores para sus 16 regiones.
Una
de las grandes preguntas que se abren con esta elección de constituyentes en
Chile es si es que una respuesta eminentemente política, como es cambiar la
Constitución, será capaz de resolver el fuerte descontento social que sigue
manifestándose en las calles de las principales ciudades del país.
Y
eso, dicen expertos, deberá ser observado de cerca por otros países de América
Latina, en donde en los últimos meses ha habido protestas y manifestaciones
contra los gobiernos y los sistemas políticos, como sucede ahora en Colombia.
Aunque el resultado final aún es una interrogante, expertos coinciden en que la experiencia puede servir como un importante precedente para repensar en posibles soluciones que ayuden a disminuir el descontento en el país y en toda América Latina.