Abudinen, que está en el ojo del huracán por el millonario contrato con la unión temporal Centros Poblados, culpó a los licitadores por el embolate del dinero destinado a dotar con internet gratis 8.700 colegios de zonas apartadas en Colombia.

 

Para la ministra, la unión temporal Centros Poblados está constituida por “vándalos” y “bandidos que se ganaron un proceso y que no podían ejecutarlo”, en términos que ella misma lanzó en entrevista con Semana.

 

Asimismo, Abudinen se desentendió del escándalo, argumentó en repetidas ocasiones que la plata se embolató por culpa de Centros Poblados y confirmó que no tiene la más mínima intención de soltar su cargo.

 

“Aquí estoy y aquí me quedo. Seguiré trabajando para el Gobierno del presidente Duque, a menos que él defina lo contrario”, añadió.

 

Hasta ahora, la ministra no había salido a dar declaraciones públicas, luego de que en redes sociales y medios de comunicación se le pidiera una explicación acerca de los errores en el contrato y por qué este se le dio a una unión temporal que, ahora, según ella, no estaba preparada.

 

 

En el trascurso de la semana, periodistas como Juan Diego Alvira la habían conminado a que apareciera. El presentador de Noticias Caracol había entrevistado a Abudinen en abril, cuando ya se rumoraba que la plata del contrato se había embolatado, y allí la ministra había dicho: “A octubre, ni siquiera diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios conectados. Si no cumplo, me llevan al cementerio”.

 

El periodista de Caracol Radio Melquisedec Torres, quien junto a Paola Herrera de La W ha estado muy pendiente del caso, aseguró que Centros Poblados ya habría invertido una parte de los 70.000 millones de pesos en las obras, razón por la cual una terminación unilateral del contrato, por parte del Gobierno, terminaría en una costosa demanda para la nación.

 

Lo que se viene ahora, dijo Torres en esa emisora, es “una demanda, sin duda, por parte del contratista, porque va a alegar que le violaron todos sus derechos, y que tenía toda la disposición legal y reglamentaria de continuar con el contrato”.

Torres estima, y lo dijo a manera de aproximado, que de darse esta demanda el monto sería de unos 100.000 o 300.000 millones de pesos, una cifra desproporcionada si se tiene en cuenta que la ministra Abudinen anunció, en rueda de prensa, que la oficina jurídica del MinTic buscará hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en el contrato, la cual establece que el contratista Centros Poblados deberá pagar la suma de 39.000 millones de pesos por el incumplimiento.

Fuente: Pulzo


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