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El atentado contra un grupo de indígenas en Toribío (Cauca) —que dejó a la líder indígena Carmelina Yule muerta y a dos personas más heridas— fue la gota que rebosó la copa del cese al fuego que el Gobierno nacional mantenía con el Estado Mayor Central (EMC) desde octubre de 2023.
Tras el ataque, el presidente Gustavo Petro suspendió, vía decreto, el cese de hostilidades con esas disidencias comandadas por Iván Mordisco, dos días después de poner al país a hablar de su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre ese hecho de violencia, en redes sociales circula un video donde se aprecia el momento cuando los guardias fueron atacados con disparos de fusil por los alzados en armas, a pesar de que gritaban que estaban desarmados.
Según la orden presidencial, se hará efectivo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca debido a los incumplimientos de ese grupo al acuerdo pactado el pasado 17 de octubre.
En esas convulsas zonas del suroriente del país, el Jefe de Estado ordenó la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del próximo miércoles 20 de marzo de 2024.
De hecho, según varias organizaciones, este grupo había incurrido en repetidas violaciones al cese al fuego. El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) —instalado por el Gobierno y las Farc— reportó en diciembre pasado 71 presuntas violaciones por parte del EMC; por otro lado, la Coordinadora Humanitaria (conformada por más de 700 organizaciones sociales del país) señaló que durante el año pasado ese grupo estuvo detrás de 207 hechos.
En un extenso trino, el presidente Petro señaló a las EMC de narcotraficantes. “El EMC del Cauca en sus diferentes frentes no dio desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz. Creyó, muy equivocadamente, que la negociación era para fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población a sus estructuras y de financiarse con la economía ilicita y con el gran capital ilícito”.
Y les recordó “la famosa tesis de Marx que decía que los seres humanos piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia: Si vivo de las rentas del narcotráfico terminaré pensando como narcotraficante”.
En ese sentido, InSight Crime —organización que estudia e investiga amenazas para la seguridad nacional en América Latina y el Caribe— lleva años señalando en sus informes que el narcotráfico “es una de las principales economías criminales” de ese grupo debido a su presencia en Norte de Santander, Arauca, Meta, Guaviare y Putumayo, lo que les ha dado “acceso a epicentros de producción de cocaína y corredores de movilidad de la droga que salen hacia Centro América y Brasil”.
Se había prorrogado
Cabe recordar que en octubre del año pasado, el Gobierno Petro firmó un acuerdo pactando el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc, el cual estuvo vigente, en principio, hasta enero de este año. En este se fijaron las reglas y parámetros que las Fuerzas Militares y las disidencias deberían seguir para mantener los acercamientos en búsqueda de llegar a un acuerdo de paz.
Ante esto, el acuerdo de alto al fuego fue prorrogado a principios de este año, con el cual se extendían por otros seis meses, hasta el 15 de julio, los lineamientos del cese de hostilidades ordenado luego de la instalación de la mesa de diálogos con el grupo ilegal el 13 de octubre en Tibú, en Norte de Santander.
Sin embargo, el desarrollo de ese acuerdo estuvo plagado de denuncias de la población civil que advirtieron el incumplimiento por parte de las disidencias, especialmente en los tres departamentos en los que este domingo el Gobierno ordenó retomar las operaciones contra el EMC.
Ahora la Presidencia consideró que en los departamento de Nariño, Cauca y Valle del Cauca las disidencias han incumplido los presupuestos fundamentales del acuerdo pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública.
“Los ataques de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP a la población civil, incluyendo a organizaciones y líderes sociales que se han resistido a sus acciones violentas en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, han generado una situación de amenaza y vulneración de derechos y libertades que exige la intervención de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado en su conjunto”, se lee en el decreto que fue firmado por el presidente Gustavo Petro este fin de semana.
Justamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los mismos días condenó los ataques contra la población indígena en el territorio del Pueblo Nasa de Toribío la noche del sábado en el Cauca. En ese hecho, dos personas resultaron heridas cuando cuestionaban a las disidencias de las Farc por el secuestro de un menor de edad.
“Estos hechos ocurren en un territorio y contra una comunidad con medidas colectivas de protección de la CIDH, y dos días después del segundo aniversario del homicidio del thuthenas Miller Correa, quien pertenecía a esta comunidad”, cuestionó la ONU.