Ante el concejo municipal
fue citado el jefe de la oficina de control interno administrativo de la
alcaldía de Pitalito, Guillermo Guerrero para que hablara acerca de las
auditorías realizadas durante estos meses de la actual administración.
Los cabildantes indagaron
sobre las auditorías realizadas al
historial de las hojas de vida del personal contratado en la administración del
alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, por lo cual el funcionario manifestó que se
han realizado ocho hallazgos de irregularidades en el proceso de contratación;
entre los temas mencionados está la posesión de personal sin su tarjeta
profesional, falta de acreditación de la experiencia solicitada, adulteración
de certificados laborales y la falta de algunos documentos necesarios para la
presentación de la hoja de vida.
En casos concretos, el jefe
de control interno habló sobre el secretario de Vías e infraestructura Sergio
Quintana a quien le faltan 3 días para completar la experiencia exigida por la
norma, la secretaria de Desarrollo económico Diana Lucia Claros quien no
presenta los certificados de su experiencia laboral la abogada de la oficina jurídica
Juliana Moreno quien habría adulterado una certificación laboral.
En cuanto al jefe de la
oficina de Gobierno e inclusión social obtuvo su tarjeta profesional como
administrador de empresas agropecuarias el 15 de febrero de 2016; sin embargo, su título profesional fue
obtenido el 14 de junio del año 2013 cumpliendo con las exigencias del manual
de funciones de la secretaria.
El caso más complejo relacionado el día de hoy en
el concejo, se refiere al nombramientos de la secretaria General Alix Meza
quien fue nombrada como Ingeniera de sistemas y su tarjeta profesional fue expedida
el 06 de mayo del 2016, según indica la norma la experiencia del profesional de
la ingeniera rige a partir de la expedición de su tarjeta profesional.
Ante la ley 734 de 2002 por
el cual se expide el código disciplinario único en su artículo 35 se indica que
a todo servidor público le queda
prohibido “Nombrar o elegir,
para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos
constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de
tal situación.”
Ante la gravedad del caso,
el funcionario indicó que aunque hay temas que se pueden subsanar, los
hallazgos ya se encuentran ante la procuraduría provincial de Garzón y la
fiscalía seccional para su respectiva investigación.
Por Sirly Shimonja Córdoba