El encuentro, liderado por el alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, contó con la participación de representantes de la Gobernación del Huila, la CAM, la concesionaria Ruta al Sur, la ANI, congresistas y diputados. Sin embargo, tras horas de discusión, no se llegó a una conclusión definitiva sobre quién debe asumir la responsabilidad de destrabar el proyecto, específicamente en lo relacionado con la licencia ambiental necesaria.
El alcalde Yider Luna expresó la frustración de las comunidades afectadas, señalando que el retraso no es aceptable. “La concesionaria Ruta al Sur ya tiene los recursos asegurados, pero seguimos enredados en un dilema de competencias entre la CAM y la ANLA. Por eso, proponemos un debate de control político en la Comisión Tercera del Congreso, donde sea el Ministerio de Ambiente, como máxima autoridad en la materia, quien tome una decisión definitiva”, afirmó.
Una cadena de omisiones
1. ANLA ausente: La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), clave en la definición del estudio de impacto
ambiental, no asistió al encuentro, lo que generó descontento entre los participantes.
2. Conflicto de responsabilidades: La CAM y
la ANLA mantienen un debate técnico y normativo sobre quién debe aprobar la
licencia ambiental, mientras las comunidades sufren las consecuencias de la
demora.
3. Sin responsables claros: A pesar de las
mesas de trabajo realizadas y los compromisos previos, ninguna entidad ha
asumido la responsabilidad final de avanzar con el proyecto.
Compromisos sin acción concreta
El gerente de Ruta al Sur, Juan Carlos María Castañeda, confirmó que los recursos y diseños están listos. “No hay objeciones técnicas ni financieras. Solo estamos a la espera de que se defina la ruta ambiental para iniciar la construcción”, indicó.
Por su parte, Carlos Andrés González Torres, director Territorial Sur de la CAM, destacó que los riesgos asociados al cauce y al cambio climático requieren estudios adicionales, lo que ha complicado la emisión de permisos.
¿Quién responderá a las comunidades?
El diputado Wilfred Trujillo, desde la Asamblea Departamental, cuestionó la falta de acción: “Es inaceptable que no haya un responsable claro. Vamos a exigir una audiencia pública en el Congreso para que el Ministerio de Ambiente asuma la responsabilidad y desbloquee este proyecto que es vital para el sur del Huila”.
Las comunidades del sur del Huila, que han esperado años por una solución, exigen respuestas claras y acciones inmediatas. El llamado del alcalde Yider Luna a un debate en el Congreso se perfila como la última esperanza para que Pericongo deje de ser un símbolo de negligencia institucional y burocrática, y se convierta en un ejemplo de gestión eficiente y compromiso con el desarrollo regional.