Hace cinco años el Centro de Estudios Tierra Digna instauró una demanda en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y el Ministerio de Ambiente. 

En la denuncia se solicita la nulidad de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Entre los argumentos que fundamentan la apertura del proceso se encuentran que las instituciones que avalaron el proyecto, otorgaron la licencia ambiental sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y la carencia e insuficiencia de estudios previos que permitieran prever las afectaciones y daños causados.  

"La licencia fue otorgada, presuntamente, de manera irregular, ya que no se contaban con los suficientes estudios para decidir", indicó Jenniffer Chavarro, integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo). 

La líder comunitaria aseguró que la demanda se sustenta en tres cargos. El primero: falsa motivación. "El gobierno estaba en la capacidad de prevenir las afectaciones y no lo hizo o proyectó. Tomó decisiones sin conceptos previos. Para la primera solicitud, realizada en 1995, se presentaron tres alternativas, sin embargo, el proyecto se declaró inviable. El 2008, esta iniciativa se volvió a presentar y se le dio la viabilidad, sin contar con estudios técnicos de fondo que controvirtieran los presentados inicialmente", manifestó. 

Otro cargo referido fue el incumplimiento de los requisitos de sustracción de la reserva que existía en el lugar donde hoy se encuentra el embalse. "Esa zona estaba compuesta por 7.400 hectáreas de reserva forestal protectora, la cual fue sustraída de manera irregular", dijo. 

El tema de la violación de ley sustancial se constituyó en el último cargo presentado. Según Chavarro, los estudios de vulnerabilidad, que implicaban el impacto social y la sísmica, no se cumplieron por un mal planteamiento. "Posteriormente dichos estudios fueron entregados, pero se encontraban desactualizados y eran insuficientes. Esto no solo ha sido denunciado por nosotros, sino también por la Controlaría", manifestó. 

Chavarro espera que en esta audiencia se decreten pruebas que permitan dar continuidad al proceso. Destacó, además, el hecho de que esta fuera la primera demanda admitida por el Consejo de Estado contra un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, Pines y una represa. "Este es un precedente importante. Esperamos que sea muy positivo para todos los que estamos defendiendo los territorios", recalcó la líder, quien advirtió que el Huila está atravesando por una situación de crisis generada por ese proyecto hidroeléctrico. 

"Las principales vías alrededor del área del embalse se han visto afectadas, así como los pescadores y mineros, aguas abajo de la presa. Se han detectado seis puntos críticos. Hay una crisis humanitaria muy grande. Tenemos razones suficientes para estar preocupados, pues el gobierno nacional no garantiza la seguridad y tampoco existe un plan de contingencia por si se presenta una emergencia", comentó. 

La líder aseguró que no pueden permitir que la amenaza que tienen se convierta en una catástrofe anunciada. "Ya tuvimos un antecedente con Hidroituango. La empresa hace unos días decretó la alerta amarilla en el embalse de El Quimbo, debido a que se encuentra en su nivel máximo y nosotros estamos en alerta roja por los daños que nos causaron. Inició la catástrofe, pero no queremos que se concrete y en eso el papel del Estado será fundamental", expresó. 

Paralelamente, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), adelantará un plantón frente a las instalaciones de Enel-Emgesa, en el municipio de Garzón, Huila, exigiendo al Consejo de Estado la nulidad del acto administrativo que da vida a la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico. Reclaman, también, por la destrucción de los ecosistemas y la actividad productiva, el daño ambiental, la afectación de la movilidad, el despojo de las comunidades, la destrucción del tejido social y cultural, y la reducción de la oxigenación del agua.  

Asoquimbo y la Tierra Digna señalaron que es importante recobrar este proceso, pues tras 10 años de haber sido expedida la licencia los daños económicos, sociales y ambientales se ha agudizado con el aumento del nivel del agua del embalse, generando graves afectaciones a la infraestructura vial del departamento.  


"Advertimos que podemos enfrentarnos a una catástrofe anunciada similar a la presentada en Hidroituango", manifestaron estas dos organizaciones a través de un comunicado de prensa, agregando que la nulidad de dicha licencia debería verse como una oportunidad para que el Estado adopte medidas que respeten la verdadera voluntad de los huilenses, respetando su identidad campesina y la soberanía alimentaria del pueblo. 

Tomado de SEMANA Sostenible

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