Hace cinco años el
Centro de Estudios Tierra Digna instauró una demanda en contra
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y el
Ministerio de Ambiente.
En la denuncia se solicita
la nulidad de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo. Entre los argumentos que fundamentan la apertura del proceso
se encuentran que las instituciones que avalaron el proyecto, otorgaron la
licencia ambiental sin el cumplimiento de los requisitos
mínimos y la carencia e insuficiencia de estudios previos que permitieran prever las
afectaciones y daños causados.
"La licencia fue
otorgada, presuntamente, de manera irregular, ya que no se contaban con
los suficientes estudios para decidir", indicó Jenniffer
Chavarro, integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo).
La líder comunitaria
aseguró que la demanda se sustenta en tres cargos. El primero: falsa
motivación. "El gobierno estaba en la capacidad de prevenir las
afectaciones y no lo hizo o proyectó. Tomó decisiones sin conceptos previos.
Para la primera solicitud, realizada en 1995, se presentaron tres
alternativas, sin embargo, el proyecto se declaró inviable. El
2008, esta iniciativa se volvió a presentar y se le dio la viabilidad, sin
contar con estudios técnicos de fondo que controvirtieran los presentados inicialmente",
manifestó.
Otro cargo referido fue
el incumplimiento de los requisitos de sustracción de la reserva que
existía en el lugar donde hoy se encuentra el embalse. "Esa zona estaba
compuesta por 7.400 hectáreas de reserva forestal protectora, la cual fue
sustraída de manera irregular", dijo.
El
tema de la violación de ley sustancial se constituyó en el último cargo
presentado. Según Chavarro, los estudios de
vulnerabilidad, que implicaban el impacto social y la sísmica, no se cumplieron
por un mal planteamiento. "Posteriormente dichos estudios fueron
entregados, pero se encontraban desactualizados y eran insuficientes.
Esto no solo ha sido denunciado por nosotros, sino también por la
Controlaría", manifestó.
Chavarro espera que en
esta audiencia se decreten pruebas que permitan dar continuidad al proceso.
Destacó, además, el hecho de que esta fuera la primera demanda
admitida por el Consejo de Estado contra un Proyecto de Interés
Nacional y Estratégico, Pines y una represa. "Este es
un precedente importante. Esperamos que sea muy positivo para todos los que
estamos defendiendo los territorios", recalcó la líder, quien advirtió que
el Huila está atravesando por una situación de crisis generada por ese proyecto
hidroeléctrico.
"Las principales
vías alrededor del área del embalse se han visto afectadas, así como
los pescadores y mineros, aguas abajo de la presa. Se han detectado
seis puntos críticos. Hay una crisis humanitaria muy grande. Tenemos
razones suficientes para estar preocupados, pues el gobierno nacional no
garantiza la seguridad y tampoco existe un plan de contingencia por si se
presenta una emergencia", comentó.
La
líder aseguró que no pueden permitir que la amenaza que tienen se convierta en
una catástrofe anunciada. "Ya tuvimos un antecedente con Hidroituango. La
empresa hace unos días decretó la alerta amarilla en el embalse de
El Quimbo, debido a que se encuentra en su nivel máximo y nosotros estamos
en alerta roja por los daños que nos causaron. Inició la catástrofe, pero no
queremos que se concrete y en eso el papel del Estado será
fundamental", expresó.
Paralelamente,
la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), adelantará un plantón frente a las instalaciones de Enel-Emgesa,
en el municipio de Garzón, Huila, exigiendo al Consejo de Estado la nulidad del acto
administrativo que da vida a la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico. Reclaman,
también, por la destrucción de los ecosistemas y la actividad productiva, el
daño ambiental, la afectación de la movilidad, el despojo de las comunidades,
la destrucción del tejido social y cultural, y la reducción de la oxigenación del
agua.
Asoquimbo
y la Tierra Digna señalaron que es importante recobrar este proceso, pues
tras 10 años de haber sido expedida la licencia los daños económicos, sociales
y ambientales se ha agudizado con el aumento del nivel del agua del embalse,
generando graves afectaciones a la infraestructura vial del departamento.
"Advertimos que podemos enfrentarnos a una catástrofe anunciada similar a la presentada en Hidroituango", manifestaron estas dos organizaciones a través de un comunicado de prensa, agregando que la nulidad de dicha licencia debería verse como una oportunidad para que el Estado adopte medidas que respeten la verdadera voluntad de los huilenses, respetando su identidad campesina y la soberanía alimentaria del pueblo.
Tomado
de SEMANA Sostenible