El representante a la Cámara,
Jaime Felipe Lozada, es el autor del proyecto de ley que busca establecer la
responsabilidad de los padres por los daños patrimoniales o extrapatrimoniales
cometidos por sus hijos menores de edad, durante el desarrollo de protestas,
huelgas y otras manifestaciones públicas. Como era de esperarse, la iniciativa
ha generado una gran controversia a nivel nacional. Unos la cuestionan y otros
la consideran necesaria.
El
congresista huilense precisa los alcances de su polémica iniciativa. No sólo la
defiende, sino que anuncia que le incluirá un artículo que obligue a las
universidades públicas o privadas a expulsar a los estudiantes que protagonicen
hechos vandálicos.
“Hemos radicado en la
secretaría general de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que tiene
como objeto poner en cintura a los vándalos y a los desadaptados que se
aprovechan de las manifestaciones pacíficas, culturales y lúdicas, que están
consagradas en la Constitución, pero que además respaldamos y aplaudimos, para
hacer de las suyas. Hemos visto, con lamentables sucesos, cómo un grupo de
desadaptados atenta contra la propiedad privada y los bienes públicos y cómo es
el Estado y quienes marchan en paz y quienes no salen a marchar, quienes tienen
que responder con sus impuestos por los daños que estos delincuentes hacen en
las ciudades de nuestro país. Por eso, este proyecto de ley tiene como objeto que
sean sus padres los responsables de dichos daños y obviamente, que sean sus
padres quienes paguen con su patrimonio los daños que ocasionen o que generen
sus hijos menores de edad en estos hechos vandálicos. Vamos además a incluir un
artículo dentro de dicho proyecto para que las universidades públicas o
privadas cancelen las matrículas de dichos estudiantes que se compruebe estén
inmersos en hechos vandálicos durante las protestas” Dice el congresista.
Explica autor del proyecto “cuando un menor es aprehendido, inmediatamente, la
responsabilidad recae en el padre de familia. Se creará una multa por daños
patrimoniales y extrapatrimoniales causados por menores de edad durante las
protestas, huelgas o manifestaciones por valor de 50 salarios mínimos mensuales
vigentes. Estamos estudiando la posibilidad de que los grupos de personas que
concitan las marchas o que inviten a marchar, tengan que pagar una póliza y de
esta póliza también hacer responsables a esos padres por los daños provocados
por los vándalos.”